Piden boicot nacional a Carolina del Norte por no abolir “ley de los baños”
La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) en Carolina del Norte pidió hoy un boicot económico contra este estado después de que la Legislatura Estatal rechazase este miércoles revocar la HB2, conocida como la “ley de los baños”, sobre los derechos de los homosexuales.
El presidente de la NAACP de Carolina del Norte, William Barber, dijo que “el Partido (Republicano) ha sido secuestrado por extremistas”, tras fracasar el intento de abolir la HB2 por parte del Senado y la Cámara de Representantes estatal en una sesión especial convocada por el gobernador, Pat McCrory, al efecto.
Barber convocó una marcha para el 11 de febrero de 2017, en Raleigh, la capital del estado, y amenazó con llevar el caso a los tribunales.
El estado de Carolina del Norte y la ciudad de Charlotte habían llegado a un acuerdo para la derogación de la ley estatal que establece que los individuos solo pueden usar los baños públicos de acuerdo con el sexo que figura en su partida de nacimiento, lo que afecta a los transgénero.
El Concejo de Charlotte tomó la decisión de revocar esta semana una ordenanza local que determinaba que en instalaciones públicas las personas podían utilizar los baños de acuerdo con su identidad de género, incluyendo a la comunidad transgénero.
Charlotte derogó su legislación con la condición de que estado eliminara la HB2 antes del 31 de diciembre.
La batalla entre el Concejo de Charlotte, de mayoría demócrata, y la Asamblea General de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, se ha prolongado por cerca de un año con consecuencias económicas para la ciudad y estado.
La aprobación en febrero de la ordenanza de Charlotte fue respondida por la HB2 en la Legislatura estatal, que casi inmediatamente desató el rechazo de la comunidad LGBT y amenazas de boicot y retiro de inversiones y eventos nacionales e internacionales en la región.
Un boicot similar en Carolina del Sur sobre la permanencia de la bandera confederada en el capitolio estatal, en Columbia, duró 15 años y supuso pérdidas millonarias.
Otro caso similar se produjo en Arizona después de que el estado aprobase en 2010 la ley migratoria SB1070, que, de acuerdo a estudios económicos, tuvo un costo de 140 millones de dólares.
