Segundo aniversario de las licencias en Arizona con el temor a su posible fin

Dos años después de que los jóvenes amparados bajo la Acción Diferida (DACA) lograsen el derecho de obtener licencias de conducir en Arizona, estos indocumentados enfrentan el riesgo de perderlas en caso de que Donald Trump cumpla con su promesa electoral de eliminar este programa.

“En caso de que la Acción Diferida sea eliminada, se perderían muchas cosas, entre ellas las licencias y quizás las colegiaturas como residentes en el estado de Arizona”, dijo hoy a Efe Dulce Matuz, activista y cofundadora de la Coalición del Acta Sueño en Arizona.

Matuz, uno de los nombres más destacados de la lucha de estos jóvenes por poder permanecer en el país al que fueron traídos por sus padres indocumentados cuando eran solo unos niños, reconoció que sabían que DACA era “algo temporal” y “frágil”, pues se trata de una orden ejecutiva del presidente Barack Obama y no una ley del Congreso.

Por ello, la activista indicó que el obtener las licencias de conducir fue una gran victoria y también un impulso para seguir buscando soluciones a largo plazo.

Tal fue el triunfo que jóvenes como Manuela Soto, de 28 años y residente de Tucson, temen perder DACA y, con él, su licencia de conducir, permiso de trabajo y nuevamente vivir “en las sombras”.

Esta madre de dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses, explicó a Efe que si finalmente se suspende esta medida ejecutiva tendrán que volver a vivir en la incertidumbre de si será detenida por Inmigración, pues, aseguró, simplemente “no es una opción” regresar a México, un país que dejó cuando tenía solo seis años.

A pesar del poco halagüeño panorama que se presenta desde el 20 de enero, cuando llegue al poder Trump, que durante la campaña hizo de la migración uno de sus pilares electorales, aunque tras su triunfo ha moderado sus posiciones, especialmente sobre los “soñadores”, Soto confía en poder renovar DACA cuando le toque renovarlo en junio de 2017.

El 22 de diciembre de 2014 los “soñadores” de Arizona comenzaron a recibir sus licencias de conducir tras obtener una decisiva victoria legal en una corte federal.

Ese día, cientos de soñadores hicieron largas filas en las oficinas del Departamento de Motores y Vehículos para poder sacarse una licencia de conducir o una identificación estatal, documentos que les permitían tener una “identidad” legal en un estado conocido por su mano dura en contra de la inmigración indocumentada.

Pero la batalla legal comenzó en 2012, cuando la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó una orden ejecutiva que negaba licencias de conducir a los jóvenes indocumentados amparados bajo DACA, pero un grupo de soñadores, entre ellos Matuz, cuestionaron ante las cortes la legalidad de esta medida.

El estado de Arizona argumentó entonces que DACA no otorga un “estatus legal” a los “soñadores”, un requisito establecido por una ley estatal aprobada en Arizona en 1996 que niega una licencia de conducir a las personas “sin papeles”, pero un tribunal federal dio la razón a los jóvenes.

Sin embargo, esta lucha legal por las licencias de conducir se mantiene en Arizona, y en enero próximo se expondrá ante la corte una demanda interpuesta en contra del estado por negar licencias de conducir a grupos que están protegidos bajo otros programas, como son las víctimas de crímenes violentos y de violencia doméstica.

Irónicamente, la audiencia está programada el mismo día en el que Trump juramentará como nuevo presidente, el próximo 20 de enero.

Y es que, en caso de que DACA fuera cancelado, los “soñadores” de Arizona no solo perderían el derecho de tener licencias de conducir, sino probablemente también el beneficio que actualmente tienen de pagar colegiaturas como residentes en centros públicos de educación superior.

Para intentar evitarlo, la Junta de Regentes de las Universidades de Arizona envió la semana pasada una carta a Trump en la que urgen a las autoridades federales para trabajar en una legislación que proteja a los soñadores.

Una de estas medidas podría ser la que a inicios de este mes presentaron el senador demócrata por Illinois Richard Durbin y el republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, el proyecto de ley Bridge, que extendería por tres años la protección de la Acción Diferida a unos 744.000 jóvenes indocumentados.

“Esta legislación es prácticamente igual que el DACA, lo expandiría a tres años. Es un buen comienzo, pero sabemos que se requiere de más para proteger a toda la comunidad inmigrante”, dijo Matuz.

Por ello, indico que ahora más que nunca es momento para que la comunidad inmigrante se una y luchen por una reforma migratoria integral.