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Activistas piden cambios en centros de detención antes de la llegada de Trump

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes urgieron al Gobierno federal que tome medidas urgentes para proteger la seguridad y salud de los detenidos por Inmigración antes de que asuma la nueva administración el próximo 20 de enero. EFE/ARCHIVO

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes urgieron al Gobierno federal que tome medidas urgentes para proteger la seguridad y salud de los detenidos por Inmigración antes de que asuma la nueva administración el próximo 20 de enero. EFE/ARCHIVO

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes urgieron al Gobierno federal que tome medidas urgentes para proteger la seguridad y salud de los detenidos por Inmigración antes de que asuma la nueva administración el próximo 20 de enero.

En una carta dirigida al secretario de seguridad nacional (DHS), Jeh Johnson, 153 organizaciones piden que, antes de dejar el cargo, tome medidas para poner fin a la detención de familias y cierre los centros privados de detención que han sido denunciados por sus “condiciones deplorables”.

Los centros son el de Eloy, en Arizona; Otay Mesa, en California, y South Texas Detention Complex y Cibola County, en Nuevo México, según la carta divulgada hoy por el Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, de Chicago.

Los activistas mencionan el trabajo de comisiones independientes de expertos, que recomendaron “cambios dramáticos” en el sistema de detención, y que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deje de usar centros privados o cárceles de condados para recluir a indocumentados.

Se le solicita además al secretario del DHS que no renueve los contratos con las cárceles que no cumplan con los estándares nacionales de reclusión y que declare una moratoria en la expansión de centros de detención.

Las organizaciones recomiendan la expansión de un programa supervisado por la comunidad, que se utiliza actualmente para recluir a una pequeña cantidad de familias, porque es “una alternativa humana y de mejor costo” a las prisiones privadas, señala la carta.

“Estos cambios son esenciales para asegurar la seguridad y protección de todos los inmigrantes detenidos, una población que crece rápidamente e incluye niños, familias y buscadores de asilo”, agrega.

El Departamento de Justicia anunció en agosto que pondrán fin paulatinamente al uso de contratistas privados, aunque esta política no se aplica a los centros de detención de inmigrantes.


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