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Comisión de Víctimas reparará a familias de 4 militares mexicanos fallecidos

El pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México acordó hoy otorgar medidas de reparación a los familiares de cuatro militares que fallecieron en hechos vinculados con el combate a la delincuencia organizada en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. EFE/Archivo

El pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México acordó hoy otorgar medidas de reparación a los familiares de cuatro militares que fallecieron en hechos vinculados con el combate a la delincuencia organizada en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. EFE/Archivo

El pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México acordó hoy otorgar medidas de reparación a los familiares de cuatro militares que fallecieron en hechos vinculados con el combate a la delincuencia organizada en los estados de Sinaloa y Tamaulipas.

En un boletín, el órgano gubernamental informó que, en dos casos diferentes, autorizó a las víctimas indirectas el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por concepto de compensación subsidiaria.

De esta forma se atenderá, por una parte, a las familias de dos militares que murieron durante una emboscada planeada por el crimen organizado en Culiacán, capital del occidental estado de Sinaloa, el pasado 30 de septiembre.

En el segundo caso se beneficiarán los familiares de dos miembros de la Armada que murieron en agosto de 2015 en Reynosa, en el norteño estado de Tamaulipas, cuando se volcó el vehículo militar en el que viajaban durante un operativo.

“La reparación integral incluye medidas de rehabilitación, satisfacción, de no repetición, de compensación y de restitución en el goce de sus derechos”, para víctimas directas o indirectas de violaciones a los derechos humanos, recordó el organismo.

En la actualidad, el pleno de la CEAV está conformado por el presidente Julio Hernández Barros y el comisionado Adrián Franco Zevada.

La CEAV fue constituida por decreto presidencial en enero de 2014, luego de la creación de la Ley General de Víctimas en 2013, para atender a quienes han sido víctimas de un delito federal o de violaciones a sus derechos humanos, a fin de apoyarlas a recuperar su proyecto de vida y a ejercer sus derechos.


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