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Derechos Humanos presenta nuevas pruebas contra general colombiano y pide investigación

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Human Rights Watch (HRW) presentó hoy “evidencias inéditas” que, a su juicio, comprometen al general retirado Mario Montoya, exjefe del Ejército de Tierra de Colombia, con el caso de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país, conocidas como “falsos positivos”.

HRW hizo públicos hoy los testimonios de varios generales de las Fuerzas Armadas colombianas que apuntan a que Montoya era conocedor de los hechos y, como mínimo, “no habría adoptado medidas razonables para impedir ni sancionar” lo ocurrido, por lo que instó a la Fiscalía General de la Nación a abrir de nuevo el caso.

“Montoya estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el hemisferio occidental en los últimos años”, aseguró hoy José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos, en una rueda de prensa en Washington.

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Según explicó, la organización tuvo acceso en octubre de este año a cientos de páginas de transcripciones de testimonios prestados por seis generales del Ejército a la Fiscalía, en audiencias celebradas a puerta cerrada entre agosto de 2015 y enero de 2016.

En ellos, los generales sugieren “de manera convincente”, que el general Montoya sabía, o como mínimo contaba con información que demuestra que debería tener conocimiento sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando (entre 2006 y 2008) y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo.

Montoya es al menos uno de los 14 generales investigados actualmente por su presunto rol en las muertes de alrededor de 2.500 civiles que miembros del Ejército colombiano hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.

El incremento de las muertes extrajudiciales, escándalo que se destapó en 2008, tuvo un especial incremento en las cifras mientras Montoya estaba al mando, época en la que el actual presidente, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa y Álvaro Uribe presidente de la nación.

Los testimonios a los que tuvo acceso HRW corresponden a Freddy Padilla de León, quien fuera comandante de las Fuerzas Militares colombianas entre 2006 y 2010; Gustavo Matamoros, jefe de operaciones del Ejército en 2008; y Carlos Suárez Bustamante, jefe de las operaciones militares de las Fuerzas Militares en 2007 y 2008.

Asimismo, también declararon Jorge Arturo Salgado, actual comandante de la Séptima División del Ejército e investigado por las ejecuciones cometidas en 2006 y 2007; Reinaldo Castellanos, comandante del Ejército hasta 2006; y Jorge Rodríguez Clavijo, quien comandó la Cuarta Brigada del Ejército entre 2006 y 2007.

Entre las declaraciones reveladas por la ONG para sustentar una reactivación de las investigaciones, ya que la Fiscalía General ha paralizado el caso, se encuentra el relato de Clavijo, quien explicó que bajo el mando del coronel Edgar Emilio Ávila, el batallón Pedro Nel Ospina reportó un mayor número de muertos en combate en 2006.

Clavijo dijo que “no le cuadraba” al tratarse este de un batallón de ingenieros, que no debía participar en combate.

Sobre esa situación en concreto, HRW presentó también un documento en el que el coronel Ávila transmitía a sus subalternos las directrices de Montoya entre las que se puede leer.

“Las bajas es la mejor acción integral, por que potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército”; o “Las bajas no es lo más importante, es lo único”, se puede leer en esas directrices.

“Si alguien estaba enterado de todo lo que estaba pasando era el general Montoya. A pesar de que digan que él no sabía nada, si alguien no le llegaba a reportar a él (...), ese tipo firmaba su sentencia de muerte prácticamente. De tal manera que a él se le informaba absolutamente de todo y él estaba al tanto de absolutamente todo”, sostiene el general Matamoros en otro de los testimonios.

A la luz de los nuevos datos, Vivanco insistió en que “la justicia en Colombia ha aplicado un doble estándar en este tema”.

“Los suboficiales y soldados terminan pagando, mientras los máximos responsables caminan libres por las calles de Colombia. El año pasado, el último año del fiscal (Luis Eduardo) Montealegre, hubo algunos avances importantes. Sin embargo, este año, los retardos en los casos contra generales han sido verdaderamente llamativos y no tienen explicación”, insistió Vivanco.

“Todo parece indicar que no hay voluntad política o interés por parte de la actual Fiscalía General de la nación para actuar con seriedad en estos casos”, reiteró.

Montoya fue citado a audiencia de imputación en marzo de este año, pero la audiencia se suspendió y, hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra. EFEUSA

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