Anuncio
Share

Municipio de P.Rico podrá prohibir residuos de carbón, tras decisión judicial

El Municipio de Peñuelas, en la costa sur de Puerto Rico, podrá prohibir a partir de hoy el depósito de cenizas provenientes de la quema de carbón dentro de sus límites, después de que el Tribunal Supremo de la isla determinara que el ayuntamiento es la entidad responsable de tomar esa decisión. EFE/ARCHIVO

El Municipio de Peñuelas, en la costa sur de Puerto Rico, podrá prohibir a partir de hoy el depósito de cenizas provenientes de la quema de carbón dentro de sus límites, después de que el Tribunal Supremo de la isla determinara que el ayuntamiento es la entidad responsable de tomar esa decisión. EFE/ARCHIVO

El Municipio de Peñuelas, en la costa sur de Puerto Rico, podrá prohibir a partir de hoy el depósito de cenizas provenientes de la quema de carbón dentro de sus límites, después de que el Tribunal Supremo de la isla determinara que el ayuntamiento es la entidad responsable de tomar esa decisión.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dio la razón la pasada noche al alcalde de Peñuelas, Walter Torres, quien emitió una ordenanza municipal contra el almacenamiento en un depósito instalado en el municipio de cenizas provenientes de la quema de carbón, la cual dejó temporalmente sin efecto el pasado 9 de noviembre el Tribunal de Apelaciones de la isla.

La determinación del Tribunal Supremo pone fin a una polémica que alcanzó las primeras planas de los medios de la isla durante los últimos meses, después de que se registraran varias manifestaciones frente a la planta de almacenamiento de las cenizas que provocaron la interrupción de la actividad en el vertedero.

Los cortes en los accesos a la plana generaron por su parte las protestas de camioneros encargados del transporte de los residuos para llamar la atención sobre que la interrupción de la actividad en la planta ponía en riesgo sus ingresos.

Miembros de formaciones políticas, en especial representantes del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), y activistas de los derechos humanos se sumaron a las protestas contra la planta Peñuelas Valley Landfill, propiedad de la compañía EC Waste.

EC Waste pidió ante esa situación al Gobierno que tomara medidas, además de alertar de una supuesta crisis ambiental debido a que los desperdicios que deben depositarse en sus instalaciones permanecían a causa del bloqueo en el acceso en las instalaciones industriales donde se generan.

La determinación del Tribunal Supremo señala que el asunto de las cenizas “no es uno que haya sido ocupado por el Gobierno federal o estatal y que el Municipio de Peñuelas ostenta la facultad en ley para prohibir su uso dentro de sus límites territoriales”.

El texto deja claro que la Ley de Municipios Autónomos le confiere “a cada municipio del país la facultad de reglamentar el manejo de desperdicios sólidos en armonía con la política pública ambiental del Estado Libre Asociado”.

La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico fue aplaudida hoy por la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago, que celebró la determinación del alto tribunal.

La senadora Santiago forma parte de los 63 ciudadanos arrestados a finales de noviembre por su participación en las protestas junto a la planta de Peñuelas.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, Cirilo Tirado Rivera, reaccionó también para señalar que “la decisión del Supremo es un acto de justicia”.

Los cargamentos provienen de la generadora de energía a base de quema de carbón Applied Energy Systems (AES), que produce de 600 a 1.000 toneladas de cenizas diarias, según organizaciones ambientalistas.

Sobre la decisión se pronunció hoy en un comunicado EC Waste para señalar que “es importante establecer que la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico no es el resultado de un caso legal contra EC Waste y el Peñuelas Valley Landfill PVL”.

“Contrario a otros vertederos en Puerto Rico, todas las operaciones y sistemas de relleno sanitario de EC Waste en la isla están debidamente autorizados por la Junta de Calidad Ambiental -JCA-, en cumplimiento con todos los estándares y regulaciones de la Agencia Federal de Protección Ambiental -EPA, por sus siglas en inglés- y el Subtítulo D de la Ley federal para la Conservación y Recuperación de Recursos”, señala el comunicado.

Destaca el comunicado que la JCA está ahora llamada “a reafirmar su autoridad legítima de acuerdo con las normas federales de la EPA que validan sus poderes administrativos estatales para regular localmente los residuos de combustión de carbón y su disposición, trabajando así con aquellos que generan este material”.

La JCA se pronunció hace semanas para señalar que los residuos generados por la planta de generación de AES, que luego se depositan en el vertedero de Peñuelas, son un desperdicio sólido no peligroso y que la empresa está sujeta a la reglamentación federal y estatal aplicable en el manejo de estos residuos que cumple.


Anuncio