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El Consejo de Seguridad toma por primera vez medidas contra trata de personas

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Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy medidas para combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, en situaciones de conflicto y de terrorismo.

El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución que exige a los países toda una serie de acciones para hacer frente a estos crímenes y que adelanta varias iniciativas que se tomarán desde la propia ONU en este ámbito.

Lo hizo en una reunión especial encabezada por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, cuyo país fue el gran impulsor del texto.

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La resolución responde en buena medida a las acciones de grupos terroristas y bandas criminales, que en los últimos años han apostado por la trata de personas como arma de guerra y herramienta de financiación.

“El Estado Islámico, Boko Haram, Al Shabab y otros están usando la trata y la violencia sexual como un arma de terror y como una importante fuente de ingresos”, recordó hoy el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

En la que probablemente será su última intervención ante el Consejo de Seguridad, Ban defendió impulsar acciones internacionales inmediatas para combatir estos crímenes y exigió a todos los Estados que persigan a los responsables y los lleven ante la Justicia.

Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de proteger los derechos humanos y la estabilidad para impedir que los grupos armados y los terroristas se aprovechen de las situaciones de conflicto.

“Si el conflicto da oxígeno a los traficantes, los derechos humanos y la estabilidad los sofocan”, dijo Ban.

Por su parte, Rajoy defendió que la trata de personas, además de constituir una clara agresión a la dignidad humana, supone una amenaza a la paz y seguridad internacionales en situaciones de conflicto y en determinados contextos de terrorismo.

“Representa la reencarnación de la esclavitud en pleno siglo XXI”, subrayó el presidente del Gobierno español, quien consideró que las víctimas de estas prácticas, la mayoría mujeres y niños, requieren una respuesta urgente y, en particular, del Consejo de Seguridad de la ONU.

Con ese fin, España llevó ante este órgano un texto que llama a todos los Estados a emprender acciones inmediatas para “prevenir, criminalizar, investigar, perseguir y asegurar rendición de cuentas” de quienes estén involucrados en el tráfico de personas.

La resolución aprobada por el Consejo reconoce que las mujeres y niñas son las principales víctimas de estos delitos y recuerda que la trata termina a menudo en explotación y violencia sexual.

En el caso de quienes sufren la trata o la violencia sexual a manos de grupos terroristas, el Consejo afirma que deben ser clasificadas como “víctimas de terrorismo” a la hora de acceder a apoyo oficial, reconocimiento y reparaciones.

Además, los quince miembros del Consejo de Seguridad expresaron su intención de considerar sanciones contra individuos y entidades involucradas en el tráfico de personas y en violencia sexual en áreas de conflicto.

Las víctimas de la trata llevaron su voz a Naciones Unidas a través de dos activistas de la comunidad yazidí de Irak, que en los últimos años se ha convertido en símbolo de este problema por las atrocidades cometidas contra ella por el Estado Islámico.

Una de ellas, Ameena Saeed Hasan, recordó cómo multitud de mujeres yazidíes fueron secuestradas y vendidas como esclavas y aseguró que más de 3.000 personas siguen en manos del grupo terrorista.

Mientras, Nadia Murad, una joven yazidí que escapó tras ser secuestrada por el EI y que ahora es embajadora de la ONU para la Dignidad de los Supervivientes del Tráfico de Seres Humanos, criticó la pasividad demostrada hasta ahora por la comunidad internacional.

“No entiendo cómo no hay un tribunal que pueda perseguir a los responsables de los crímenes contra los yadizíes (...). No entiendo por qué los cadáveres de mi madre asesinada, y de mis hermanos, siguen en fosas comunes, sin protección y sin ser examinados. No entiendo cómo militantes del EI pueden publicar en internet pruebas de sus delitos y no ser arrestados”, lamentó.

Murad subrayó que las potencias internacionales pueden poner fin a esta situación y les pidió asegurar que los responsables de los crímenes paguen por ellos.

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