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ONG piden a fiscalía mexicana concluir auditoría interna del caso Ayotzinapa

Más de un centenar de organizaciones civiles llamaron hoy a la fiscalía de México a "concluir con transparencia y exhaustividad" en breve la auditoría interna realizada a la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en 2014 tras advertir "un afán de encubrir" graves irregularidades. EFE/ARCHIVO

Más de un centenar de organizaciones civiles llamaron hoy a la fiscalía de México a “concluir con transparencia y exhaustividad” en breve la auditoría interna realizada a la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en 2014 tras advertir “un afán de encubrir” graves irregularidades. EFE/ARCHIVO

Más de un centenar de organizaciones civiles llamaron hoy a la fiscalía de México a “concluir con transparencia y exhaustividad” en breve la auditoría interna realizada a la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en 2014 tras advertir “un afán de encubrir” graves irregularidades.

La omisión de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) “en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales”, alertaron en un comunicado.

“Más grave aún”, aseguraron, “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría de caso basada en pruebas ilícitas”.

Las agrupaciones recordaron que la PGR no ha negado la existencia del documento, publicado en su totalidad por la periodista Anabel Hernández el fin de semana pasado, y ha señalado que este sigue bajo estudio.

El informe, terminado desde agosto por el entonces visitador general de la fiscalía, César Alejandro Chávez -quien renunció un mes después- es una auditoría a las pesquisas que la PGR hizo sobre la desaparición de los alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

El documento revela graves irregularidades en la detención de seis de hombres cuyas declaraciones fueron claves para armar la versión oficial del caso y concluye que los investigadores violaron el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

De acuerdo con la versión de la PGR, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías corruptos la noche del 26 de septiembre de 2014 y entregados a un grupo criminal que los mató, incineró y tiró sus cenizas a un río.

La fiscalía respondió diciendo que el documento no tiene validez legal y que “se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal” y, por tanto, está sujeto “a cualquier clase de modificación”.

Las ONG recordaron que la PGR incumplió su compromiso de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto a las familias, mismas que se vieron obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello.

Además, uno de los funcionarios señalados como responsable de las irregularidades, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, renunció a ese cargo en septiembre para ser inmediatamente nombrado por el presidente secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Las organizaciones consideraron el contenido del proyecto de resolución “un parámetro insoslayable para medir la exhaustividad de la determinación que deberá notificar a las familias de los normalistas la Visitaduría General (asuntos internos)”.

“Dada la gravedad de las irregularidades detectadas, representa además un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e incluso el compromiso de la actual PGR para actuar con independencia”, señalaron.

En ese sentido, alertaron que una resolución “que diluya los señalamientos del proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado están Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).


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