CIDH tramita un caso de personas con VIH/SIDA en Guatemala
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso por la violación de derechos de personas con VIH/SIDA en Guatemala.
La CIDH informó en un comunicado de que el caso, aludido como “Cuscul Pivaral y otros”, tiene relación con la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la violación de diversos derechos establecidos en la Convención Americana en perjuicio de 49 víctimas diagnosticadas con VIH/SIDA entre 1992 y 2003 en ese país.
“Hasta los años 2006 y 2007 tuvo lugar una falta total de atención médica estatal a estas personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza”, lo que “tuvo un grave impacto” en la salud, la vida e integridad personal de los afectados, dijo la CIDH.
El organismo aseguró que la muerte de ocho de las víctimas (Alberto Quiché Cuxeva, Reina López Mujica, Ismar Ramírez Chajón, Rita Bubón Orozco, Facundo Gómez Reyes, José Rubén Delgado, Luis Edwin Cruz Gramau y María Vail) se debió a enfermedades conocidas como oportunistas sin haber recibido del Estado la atención que requerían o tras haber sido objeto de una atención deficiente.
“Si bien el Estado empezó a implementar algún tratamiento para personas que viven con VIH/SIDA en el sector público con posterioridad a 2006 y 2007, dicha atención no logró satisfacer los estándares mínimos para ser considerada integral y adecuada”, por lo que se siguió violando los derechos de las víctimas, agregó.
La Comisión recomendó al Estado guatemalteco “reparar integralmente” a las víctimas sobrevivientes y a los familiares y seres queridos por las violaciones de derechos humanos, y le solicitó adoptar mecanismos para que no se repitan estos casos.
En concreto, la CIDH pidió que se proporcione tratamiento y atención sanitaria “gratuita, integral e ininterrumpida” a las personas con VIH/SIDA que no cuenten con recursos.
La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sometió el caso a la jurisdicción de la Corte IDH el pasado 2 de diciembre por considerar que “el Estado no cumplió” con sus recomendaciones y que no informó sobre “medidas de reparación individual para los familiares de las víctimas fallecidas y para las víctimas sobrevivientes”.
