Ordenan a la fiscalía mexicana entregar información de operativo en Tanhuato
El órgano de transparencia de México ordenó hoy a la fiscalía entregar información del operativo policial realizado en 2015 en Tanhuato, en el occidental estado de Michoacán, en el que murieron 42 presuntos miembros de un cártel de las drogas.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacó en un comunicado que mostrar dicha información “es de particular importancia” en México, donde la impunidad es parte integral de la violencia.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) deberá entregar 43 testimoniales referentes a las declaraciones de policías federales, 10 dictámenes periciales en materia de balística y 13 oficios, once de la Policía Federal y dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló el INAI.
El instituto resolvió que el acceso a la documentación contribuye a garantizar el derecho a la verdad y a la construcción de un Estado en el que se garanticen los derechos humanos.
La PGR había argumentado ante esta institución que la difusión de los datos del operativo del 22 de mayo de 2015 podía llegar a “impedir la prevención o persecución de los delitos”.
Sin embargo, el INAI destacó la necesidad de permitir el acceso a esta información por tratarse de “violaciones graves a derechos humanos” que no solo afectan a las víctimas y a los ofendidos, sino a toda la sociedad.
De acuerdo con los primeros informes oficiales, 43 personas fallecieron en el operativo realizado en un rancho ocupado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas un policía federal.
Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en agosto pasado que 22 de los presuntos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente y otros cuatro murieron por “el uso excesivo de la fuerza”, y denunció actos de tortura, manipulación de evidencias y falsedad de la información.
El Gobierno negó la existencia de ejecuciones extrajudiciales y argumentó que “el uso de las armas fue necesario” y “se actuó en legítima defensa” en el rancho, cuyos ocupantes -entre los cuales se cree había líderes del CJNG- respondieron con disparos a los llamados a deponer las armas.
