México, en una grave crisis de derechos humanos que no combate con eficiencia
La violencia, la corrupción, la connivencia entre fuerzas públicas y crimen organizado y la coacción a la libertad de expresión llevan a México a padecer una crisis muy grave en derechos humanos desde hace una década, que no ha hecho más que crecer ante la inoperancia estatal.
“México vive una crisis inédita de violación de derechos humanos en el país”, destacó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, en el Día de los Derechos Humanos.
Las cifras avalan esta afirmación; la nación cerró 2015 con 27.887 desaparecidos registrados oficialmente y sumó más de 152.000 asesinatos entre diciembre de 2006 y 2015.
“Son cifras que exceden incluso los índices de mortandad en conflictos armados de orden bélico”, apuntó Patrón.
Entre otros datos, destacó que en 26 de los 32 estados del país se registran desapariciones forzadas -por parte de agentes del Estado- y que hay una tasa de impunidad del 98 % en la mayoría de delitos.
Ello, sumado a una corrupción política que representa alrededor del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) y a la existencia de amplias regiones controladas por el narco, a menudo coludido con el gobierno de turno, llevan a esta enorme crisis en derechos humanos.
Para Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero), la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) tiene una “agenda pendiente” en derechos humanos.
“Hay una total omisión del Estado”, denunció este letrado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien recordó, por ejemplo, que la tortura sigue siendo un método habitual de investigación policial.
Rosales consideró que, sin la tragedia de los 43 de Ayotzinapa, el respeto a los derechos humanos no sería tan siquiera tema de conversación.
Según la versión oficial, la noche del 26 al 27 de septiembre los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.
No obstante, la llamada “verdad histórica” es un ejemplo de “manipulación” que ha ensuciado una investigación incapaz de ofrecer “certezas” y puesta en evidencia por entes como el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó.
Otro de los vértices que prueban el frágil respeto a los derechos humanos en México es la situación de los periodistas.
“Ha habido una escalada en las agresiones”, explicó Erick Monterrosas, oficial adjunto del programa de Protección y Defensa de la ONG Artículo 19.
De acuerdo con su propio recuento, este año es “crudo” para la prensa porque han asesinado a 10 comunicadores, lo que lleva a probar que el “patrón no se revierte”.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2000 hasta el 16 de septiembre ocurrieron 118 homicidios de comunicadores, 20 desaparecieron desde 2005 y se registraron 49 atentados contra medios desde 2006.
En 7 de cada 10 agresiones está implicado algún miembro del Estado, agregó el representante de Artículo 19.
Adicionalmente, se ha detectado un aumento de las amenazas en redes sociales, con un “lenguaje de odio” hacia las mujeres, y una compra masiva de software espía, sin que se conozca el uso que las instituciones vayan a dar del mismo.
Patrón dio varias pautas para revertir la crisis, e instó a la construcción de marcos normativos claros, la despolitización de la Fiscalía General y la ampliación de la cooperación internacional.
Por su parte, el Gobierno mexicano aprovecha foros nacionales e internacionales para reiterar su compromiso con los derechos humanos, un tema “prioritario”.
No obstante, se ha vuelto también experto en rebatir cualquier crítica.
Por ejemplo, el pasado marzo, la CIDH denunció cifras “alarmantes” de desapariciones y desapariciones forzadas, así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.
No obstante, el Ejecutivo dijo que el país no padece una “crisis de derechos humanos” y acusó al organismo de “no reflejar la situación general” nacional.
En este cruce de acusaciones, varios hechos prueban la lenta actuación estatal.
El Congreso aprobó en abril de 2015 una reforma constitucional que facultaba al Legislativo a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura, y el 10 de diciembre del pasado año, Peña Nieto mandó sendas iniciativas de ley a las cámaras.
Un año más tarde, las iniciativas continúan en el Legislativo pendientes de aprobación.
