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Gobernador de P.Rico preside firma de medidas a favor población transgénero

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El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, presidió hoy la firma de medidas administrativas -del Departamento de Educación y del Departamento de Corrección y Rehabilitación- que promueven el trato igualitario a la población transgénero en las instituciones correccionales y las escuelas públicas de la isla.

La Carta Circular del Departamento de Educación (DE) para el Trato Igualitario de Estudiantes Transgénero dispone como política pública un trato hacia los estudiantes conforme a su identidad de género y establece que en caso de que el alumno necesite algún acomodo razonable, este podrá ser solicitado por el mismo o su encargado, de acuerdo a sus necesidades.

Asimismo, con la firma de una orden administrativa, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) establece su política de atención adecuada a las personas transgénero (trans) en las instituciones correccionales de Puerto Rico, permitiendo que estas puedan ser ubicadas de acuerdo con su identidad de género en las cárceles del país.

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“Es evidente como mi administración ha sido precursora de garantizar los derechos humanos de todos los puertorriqueños, sin importar su identidad de género. Hemos dado la pelea, buscando erradicar la discriminación y brindando igualdad en el trato a la comunidad transexual y transgénero en Puerto Rico. Mi administración está comprometida con la erradicación de todo tipo de discriminación”, afirmó el primer ejecutivo.

La carta circular del DE firmada hoy establece que en las escuelas públicas de Puerto Rico se pasarán a aplicar las guías emitidas por el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia federal, destinadas a ayudar a las escuelas a garantizar los derechos de los estudiantes transgenero.

Estas guías aclaran que cada alumno debe ser tratado según su sexo, lo que implica que la identidad de género está protegida y que, una vez la escuela es notificada al respecto, debe proceder a tratar al menor de manera consistente con dicha identidad.

Igualmente, establecen que la escuela no puede requerir que el menor tenga un diagnóstico clínico, presente un certificado de nacimiento u otra identificación como requisito para tratarle de manera consistente con su identidad de género.

“Esto es alcanzar el respeto entre todos, sin limitar el desarrollo pleno de un estudiante. Esta carta forma parte de las distintas iniciativas y esfuerzos que hemos logrado en favor de la igualdad”, dijo el primer mandatario.

Del mismo modo, la firma de la orden administrativa adoptada por el DCR tiene el propósito de establecer la política y procedimientos operativos para los empleados de la agencia en su interacción con personas de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero y Transexual (LGBTT).

Esta orden está fundamentada en las reglamentaciones federales que emanan de la ley federal “Prison Rape Elimination Act” (PERA) y contó con la colaboración directa de la Comisión de Derechos Civiles junto a miembros de la comunidad LGBTT.

La orden administrativa dispone que la manera en la cual se identifique la persona de la comunidad transgenero, no podrá ser cuestionada por los empleados del DCR, por lo que se le será tratado como tal y se le permitirá utilizar el servicio sanitario establecido por la agencia, de acuerdo a la identidad y/o expresión de género.

Con esta acción, se prohíbe toda clase de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en las instituciones, oficinas y dependencias que componen el departamento.

A tono con lo antes establecido, el DCR actualmente habilita dos módulos para las personas transgénero en la Institución 501 del Complejo Correccional de Bayamón y en el Complejo de Rehabilitación de la Mujer de Bayamón.

Asimismo, cuando una persona transgénero sea ingresada a la institución, se le dará la oportunidad de realizar una declaración de preferencia para cacheos y registros.

Es esta declaración, la persona indicará el género del oficial correccional que prefiere le realice dichos procedimientos. Aparte de estas disposiciones, la orden también promueve otras iniciativas para erradicar el discrimen en las institucionales penales del país.

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