Autoridades investigan el impacto urbano de obras de expansión de carretera
La Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) indicó hoy que investigará si el proyecto de la expansión de la carretera interestatal 70 infringe los derechos civiles de los residentes en el norte de Denver (Colorado), un área de mayoría hispana.
La FHWA respondió así a una demanda presentada el mes pasado por EarthJustice en nombre de dos organizaciones hispanas locales, el Foro Latino de Colorado (CLF) y Cross-Community Coalition, quienes argumentan que el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) no exploró alternativas para minimizar el impacto del proyecto.
Los investigadores federales ahora determinarán si, como ya sucedió en la década de 1960 cuando se construyó la carretera original, la expansión y reconstrucción de la I-70 a cargo del CDOT nuevamente afecta a vecindarios “históricamente en desventaja por su raza o su etnicidad”, de acuerdo a la demanda.
Hace medio siglo, cuando se construyó la I-70, los barrios de Globeville, Elyria y Swansea en el norte de Denver (todos ellos con mayoría de latinos y de otras comunidades inmigrantes) quedaron divididos en dos sectores, norte y sur.
Para uno de esos residentes, quien pidió ser identificado sólo como “Javier” por hallarse en litigio con CDOT, les está pasando “lo mismo que les pasó a nuestros padres y eso debe terminar”.
El vecino explicó que su padre construyó una casa de seis habitaciones “para tener lugar para toda la familia”, pero la compensación que recibirá su familia por la expropiación de su vivienda, consecuencia de las obras de ampliación, no será suficiente para adquirir una nueva casa de similares dimensiones, “en ningún lugar cercano”.
“No quiero pensar que un día la casa que construyó mi padre va a ser demolida o que será la única que quedará en pie en esa cuadra. Alguien tiene que prestar atención a lo que realmente nos pasa”, expresó.
Sobre la base de testimonios como este, y de investigaciones iniciadas hace décadas sobre el impacto de la carretera original en la salud, las finanzas y el bienestar social de los residentes cercanos a la autopista, el CLF y sus aliados presentaron el mes pasado una demanda en contra de CDOT.
La demanda sostiene que el plan de expansión de la I-70 es “físicamente insalubre, fiscalmente irresponsable y posiblemente ilegal” por construirse en terrenos contaminados por numerosos productos tóxicos acumulados durante décadas de operaciones de una metalúrgica ahora cerrada.
La FHWA deberá además determinar si existe “una forma significativa” de aliviar la situación de los ya impactados por el proyecto.
