Acusan a ejecutivos aseguradoras por fraude sistema salud y lavado de dinero
Dos ejecutivos de una aseguradora han sido acusados por fraude al sistema de salud y lavado de dinero por hechos ocurridos entre los años 2006 y 2011, informó hoy la Fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Según detalló Rodríguez en un comunicado de prensa, Pedro Van Rhyn Soler y Edgardo Van Rhyn Soler están acusados por un cargo por fraude al sistema de salud y dos por lavado de dinero, en un plan para estafar a Multinational Life Insurance Company, antes conocida como National Life Insurance Company.
De acuerdo con documentos del tribunal, Edgardo fue entre los años 2006 y 2011 vicepresidente y luego presidente de la National Life Insurance Company (NALIC), empresa establecida en Puerto Rico.
Igualmente, los Van Rhyn Soler presidieron al mismo tiempo Option Health Care Network (Option), una compañía que proveía servicios administrativos a aseguradoras.
En abril del año 2006, los ahora acusados firmaron un contrato de servicio con la NALIC, permitiéndole a Option ser el tercer administrador de la división de servicios de salud de NALIC y concediéndole a Option el 95 % de los ingresos de la otra empresa.
No obstante, a principios del año 2010, la Administración de Servicios Médicos (ASEM) negoció y contrató a varias aseguradoras cualificadas para proveerle servicio a funcionarios de la isla.
Antes de ese año, el Departamento de Hacienda hacía ese trabajo, pues ASEM desembolsaba fondos del Gobierno para pagarle a las aseguradoras que se desempeñaban ofreciéndole servicio a los funcionarios.
NALIC y Option aseguraron a ASEM que le pagarían mediante fondos administrados por Hacienda los servicios ofrecidos a médicos, hospitales y laboratorios, según la fiscal.
Hacienda entonces desembolsó sobre 41 millones de dólares a NALIC y Option, pero entre los años 2009 y 2012, Van Rhyn Soler utilizaron, presuntamente, este dinero para comprar cosas personas en grandes cantidades, que incluyeron yates, accesorios, servicios de masajes y joyería.
Los acusados podrían enfrentar una pena máxima de hasta 20 años en prisión.
