Prisión domiciliaria a dos implicados

Mientras se tramita el proceso de extradición a Estados Unidos por el caso de presuntos actos de corrupción en la FIFA, un juez federal concedió el arresto domiciliario a los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis.

El juez Claudio Bonadío dispuso que a cambio de este beneficio los Jinkis deben pagar una caución de 1.3 millones de dólares, colocarse una pulsera electrónica de control y presentarse todos los viernes ante el magistrado mientras dure el proceso, según la resolución difundida por el centro de información del Poder Judicial.

A fines de mayo, la justicia de Estados Unidos reclamó el arresto con fines de extradición de Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo, respectivamente, y dueños de la empresa de marketing deportivo Full Play, por supuestamente haber aceptado pagar junto con otro empresario 110 millones de dólares en sobornos a cambio de los derechos de cuatro ediciones de la Copa América.

Los empresarios estuvieron prófugos hasta el 18 de junio pasado cuando se entregaron en el juzgado de Bonadío.

Los abogados de los Jinkis solicitaron la excarcelación de ambos imputados, pero el juez Bonadío sólo aceptó concederles la prisión domiciliaria.

El magistrado argumentó que ese beneficio fue también otorgado por la justicia de Italia al otro empresario argentino involucrado en el escándalo de FIFA, Alejandro Burzaco, ex presidente de Torneos y Competencias.

“No se avizora por qué debiera optarse aquí por un más gravoso método de cautela que el utilizado por la República de Italia”, afirmó el juez en su fallo.

En el caso de Hugo Junkis el magistrado también entendió la edad (70 años) y su estado de salud, además de la necesidad de ambos imputados por mantener contacto permanente con sus abogados en un ámbito de privacidad.

“No puede percibirse riesgo procesal alguno en el sentido concreto de perjudicar la investigación llevada a cabo en dicho país, a partir de su detención domiciliaria”, resolvió Bonadío.

Al igual que Burzaco, los Jinkis están acusados en Estados Unidos por sobornos, lavado de dinero y crimen organizado.

Los tres empresarios también fueron denunciados por las autoridades fiscales argentinas por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.