Con la medida SB-277, madres temen por la salud de sus hijos y su educación

Madres latinas quieren tener la opción de vacunar o no a sus hijos porque indican que hay un porcentaje de riesgo que podría afectar la salud de los niños.

La preocupación mostrada por el grupo de mujeres que pertenece al movimiento estatal ‘No vacunas forzadas’ es porque la propuesta de ley SB-277 que se encuentra en la Asamblea, obliga a las familias a vacunar a los menores; y de no hacerlo, los niños no podrán asistir a la escuela pública o privada.

Las madres están convencidas de que varias de las vacunas no son para todo los niños y en algunos casos pueden provocar el desarrollo de autismo, enfermedades mentales o impedimentos locomotores.

“Le pedimos a los políticos que no respalden la propuesta. Acuérdense de cuando sus madres les decían que algo estaba mal, era porque el 99% de las madres tenían razón. Hoy día, varias madres les pedimos que nos escuchen”, señala Gloria Saucedo, presidente de Hermandad Mexicana Nacional, una de las organizaciones que más a ayudado a la comunidad latina y que respalda el movimiento.

“Estamos preocupadas por esta ley que se nos quiere imponer a la fuerza”, enfatiza.

Martha Ugarte, quien nunca vacunó a sus hijos y dijo que crecieron sin problemas de salud indicó que ella decidió no vacunarlos porque cuando trabajaba en unos laboratorios veía las quejas que muchas madres de familia hacían a los doctores por las reacciones de las vacunas en sus hijos, pero nunca les hacían caso.

“Ahora tengo un nieto con problemas de salud por las vacunas. Lo que pedimos es que las vacunas deben de ser más seguras antes de que los políticos te obliguen a recibirlas”, expresó Ugarte.

No obstante, lo que también enfurece a las madres y padres del movimiento es que sus hijos se vean afectados impidiéndoles asistir a la escuela si es que no reciben las dosis de medicamento requerido.

“El hecho que nuestros hijos no puedan asistir a la escuela porque no tienen todas las vacunas es una falta al derecho de la educación”, asevera Martha Jáuregui, madre de familia, quien tiene la certeza que su hijo fue afectado a raíz de haber recibido las vacunas. “No todas las vacunas son para todos los niños”.

Diana Guillén, otra madre que simpatiza con el grupo ‘No vacunas forzadas’, indicó que lo que están pidiendo es que no penalicen a los niños y que se les respete el poder de decisión de los padres sobre qué vacunas darles a sus hijos.

“Lo único que esta ley haría es segregar a nuestros hijos y privarlos de su educación...”, subraya. “No queremos un gobierno opresor”.

A las madres también las apoya la Asociación de Quiroprácticos de California, California for Vaccine Choices, California Coalition for Health Choice y A Million Mamas.

La ley permite ahora una exención a los padres que por cuestiones personales o religiosos decidan no vacunar a sus hijos, pero no elimina el derecho de ir a la escuela.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de California que apoyan la propuesta SB-277 dijeron que para la edad de 6 años un menor tiene que haber tomado 49 dosis de un total de 14 vacunas. Y para los 16 años, 69 dosis de 16 vacunas.

Los senadores demócratas Richard Pan y Ben Allen son los impulsores de la medida y tiene como meta aumentar el número de vacunas entre los menores para protegerlos de futuros brotes de infecciones, así como de sus derechos educacionales.

Colleen A. R, presidente de la Asociación de Padres y Maestros del Estado de California (CSPTA) dijo que era su tarea con la comunidad proteger a los niños en las las instituciones escolares, especialmente los que están medicamente vulnerables.

“Entendemos que este puede ser un tema sensible para algunas personas que desean retener la excepción por sus creencias personas y nosotros consideramos que es una perspectiva importante. Sin embargo, creemos que las vacunas actualmente en uso en estos días son extremadamente seguras y efectivas para el público en general”, agrega el presidente de la asociación.

Asimismo, la Asociación Médica de California (CMA) se une a la aprobación del proyecto.

“Esta medida es crítica en la seguridad de nuestras escuelas y nuestras comunidades y ayudará futuros brotes de enfermedades peligrosas que son prevenibles”, afirma el doctor Luther F. Cobb, presidente de CMA. Cobb agrega que los beneficios de las vacunas son claros y están comprobados.

La Asociación de Padres y Maestros del Estado de California (CSPTA) se pronunciaron a favor de la medida, señalando que tragedias como la ocurrida en Anaheim pueden prevenirse.

La SB-277 nace después del brote de sarampión que se dio a finales del 2014 en Disneyland, en Anaheim, en el cual se contagiaron 131 personas, pero aparentemente ninguna tuvo mayor complicación

No obstante, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más reconocidas en la protección de los derechos humanos, no quiso mostrar su apoyo a la medida SB-277 y prefirió ser neutral a través de un comunicado.

“La inmunización es una protección invaluable en contra de los brotes de enfermedades infecciosas”, asevera Kevin Baker, el director legislativo de ACLU. No obstante, “necesitamos proteger con gran cautela de cualquier proyecto de ley que prive a los niños de su derecho fundamental a la educación al prohibirles de sus salones de clases”.

De aprobarse, California se convertirá en el estado 32 que pone fin a las exenciones de vacunación por creencias personales; lo que muchas madres califican como un acto inconstitucional.

Las madres en contra de las vacunas obligatorias aclararon que ellas no están en contra de las vacunas, pero si están convencidas de que no todos los organismos responden igual a dichos medicamentos y simplemente quieren la opción de vacunar a sus hijos o no, pero que no se les castigue a los niños eliminando su derecho a asistir a la escuela.

La propuesta de ley SB-277 fue aprobada hace unos días en el Senado y ahora se discute en la asamblea. De ser aprobada irá al escritorio del gobernador, quien la puede vetarla o firmarla antes del 11 de septiembre. Si es aprobada la ley entrará en vigor a partir del 1ro de enero de 2016.