Un celular sabe dónde ha estado su dueño, y el gobierno también quiere enterarse

Un celular sabe dónde ha estado su dueño, y el gobierno también quiere enterarse

Si usted es uno de los casi 225 millones de estadounidenses que posee un teléfono inteligente, sabe que el aparato es una ventana a su vida entera: sus amigos, su información financiera, sus pasatiempos y -más relevante para la Corte Suprema este año- sus idas y vueltas. Este miércoles, el tribunal escuchará argumentos orales en uno de los casos de privacidad más importantes de la década: los Estados Unidos vs. Carpenter. A los jueces se les pide que decidan si la garantía de la Cuarta Enmienda contra requisas ilegales impide que el gobierno acceda, sin una orden, a los datos que las empresas de telefonía generan cuando un teléfono se conecta a sus torres celulares.

Los datos de la torre celular se crean cuando uno llama, envía mensajes de texto o accede a un plan de datos. Esto significa que el teléfono está en contacto casi constante con las torres. Cada una de ellas cubre un área discreta y, debido a que los proveedores de móviles ahora poseen tantas torres, cada vez que uno se mueve fuera del área de rastreo de una, pasa a otra. Los datos resultantes pueden formar una imagen que conecta los puntos donde uno se encontraba y cuándo, y revelar mucho al respecto si alguien lo examina de cerca.

Imagine que se está recuperando de una adicción a los opiáceos que ha ocultado a sus amigos, familiares y empleador. Dos veces a la semana participa de un grupo de apoyo. La policía, que está investigando a su médico por prescribir en exceso, sabe que usted es su paciente. Entonces, solicita a su proveedor de servicio meses de registros que establecen sus visitas a la consulta y también sus regulares (y admirables) esfuerzos de rehabilitación.

O el gobierno podría tratar de averiguar quién ha asistido a protestas políticas o reuniones de grupos de defensa, verificando qué teléfonos estaban cerca de una torre en particular en un momento determinado. Tal como la ley es actualmente, las autoridades a menudo pueden pedirle a su proveedor de teléfonos celulares que entregue la lista de cada torre celular con la que se contactó un teléfono dado, sin necesidad de recurrir ante un juez para obtener una orden, algo que les exigiría mostrar la causa probable de un delito cometido.

Hay quienes no ven absolutamente nada malo en que el gobierno pueda solicitar, o incluso requerir, tal cooperación. El teléfono estaba con su dueño en lugares públicos. Cualquiera podría haberlo visto entrar o salir del consultorio médico o del grupo de apoyo. Y los registros que el gobierno solicita fueron guardados por una empresa para su propio uso. No hay mucha privacidad en ello, ¿cierto?

Y sin embargo, la mayoría de los estadounidenses esperan que los datos de ubicación de su teléfono celular se mantengan en privado. Junto con 17 abogados y expertos legales, presentamos un informe amicus en el caso Carpenter, que describe una montaña de investigaciones acerca de las creencias y actitudes de privacidad de los ciudadanos comunes.

Los datos muestran que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera saben que se está recopilando su información de ubicación. Y, cuando descubren que es así, no esperan que ésta pueda compartirse libremente. En otras palabras, las personas no están "conscientemente" entregando su historial de ubicación a sus proveedores de telefonía y "renunciando voluntariamente" a su privacidad, como algunos argumentaron.

Que esta información de ubicación esté contenida en los registros comerciales de las compañías no debe anular las expectativas de privacidad de las personas. Las empresas controlan una gran cantidad de información a la cual la policía no puede acceder sin una orden judicial. Por ejemplo, Google y Yahoo pueden acceder a los contenidos de los correos electrónicos de sus clientes. Sin embargo, hay reglas sobre cuándo y cómo pueden hacerlo, y los tribunales que se pronunciaron sobre la cuestión han sostenido que el gobierno necesita una orden judicial para hacer que las empresas le entreguen el contenido de los correos electrónicos a las autoridades.

Como era previsible, los investigadores que preguntan si las personas esperan que sus correos electrónicos sean privados también obtienen un fuerte "sí" de sus encuestados.

A principios de este otoño, el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., se refirió a los cálculos matemáticos en un caso de manipulación electoral alegando que eran “galimatías sociológicas". Sin embargo, por décadas los tribunales han recurrido al análisis de ciencias sociales al considerar la segregación, discriminación, deliberaciones del jurado, propiedad intelectual y protección al consumidor, entre otros temas.

Estos datos son particularmente relevantes en un caso como el de Carpenter, en el cual los jueces deben determinar si una "persona razonable" esperaría que la ubicación de su teléfono celular sea información privada. Los magistrados no deberían simplemente sustituir sus propios puntos de vista por las voces reales de los ciudadanos que rechazan abrumadoramente el acceso sin restricciones a sus datos de ubicación.

Los Estados Unidos vs. Carpenter se refiere a un hombre, Timothy Carpenter, quien no era un adicto en secreta rehabilitación, ni un manifestante político; era un ladrón armado, condenado en parte sobre la base de datos de torres de telefonía celular. Seguramente, el gobierno debería poder conseguir esta información para probar tales casos, ¿no es así? Por supuesto que sí. Siempre obteniendo antes una orden judicial de búsqueda.

Si no se requiere una orden judicial para los Carpenter del mundo, tampoco será necesaria para el resto de nosotros, y el gobierno seguirá siendo libre para reunir mucha más información de la que debería sobre los comportamientos y las creencias de sus ciudadanos.

Traducción: Valeria Agis

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