Frente común en el sur del condado contra derrames de aguas negras

Las ciudades de Imperial Beach y Chula Vista, además del Puerto de San Diego dicen no tener más opción que presentar una demanda legal contra el gobierno federal para que por fin se atienda el tema de las descargas de aguas negras que llegan a las costas del sur del condado desde México.

Si bien se trata de una problemática de décadas, la situación se hizo evidente a principios de año cuando se registró un derrame de millones de galones de aguas negras debido a un colapso en el sistema de drenaje de Tijuana.

La coalición entregó una notificación a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) y de no haber respuesta en dos meses, se procedería a demandar en una corte federal, ya que consideran que no se han tomado medidas para atender esta problemática binacional.

“Obviamente esas aguas provienen de Tijuana, pero es la responsabilidad legal (de IBWC) por mantener infraestructura que previene que esos derrames lleguen a las aguas del Río Tijuana y al océano Pacífico”, señaló el alcalde de Imperial Beach, Serge Dedina.

Según autoridades al sur del condado, por años se ha tratado de convencer a IBWC de “corregir estas violaciones y tomar acción para frenar, recoger y tratar agua contaminada” a través de sus instalaciones en el valle del Río Tijuana.

De haberlo hecho, se hubiera prevenido acción legal, insiste la coalición.

La IBWC (y su contraparte mexicana CILA) es una agencia de gobierno responsable de negociar tratados sobre el agua entre México y Estados Unidos.

La ciudad de Chula Vista se unió a este esfuerzo debido a las afectaciones económicas que estos derrames han ocasionado al sur del condado.

“Chula Vista es parte de nuestra región, entonces si personas no pueden ir a la playa aquí daña al turismo y todo eso, además, la gente merece poder ir a la playa y que el agua sea saludable y limpia”, declaro la alcaldesa Mary Casillas Salas.

Sin embargo, autoridades y activistas ambientales en San Diego saben que una solución requerirá que el gobierno mexicano haga su parte al tratarse de un problema compartido.

“Podemos invertir billones y billones y billones de dólares de nuestro lado y eso de todas maneras no va a solventar la problemática”, reconoció Paloma Aguirre, directora del programa frontera de la organización WildCoast.

“La cosa es que hay que invertir al centro de donde está la problemática, y eso es en Tijuana, al sur de la frontera”, agregó.

De 2015 a la fecha, se han registrado más de 300 derrames de aguas negras desde México, según datos de la propia coalición.

La demanda de las ciudades del sur del condado no es la única que enfrentaría el gobierno estadounidense, pues también el sindicato de Patrulla Fronteriza planea ejercer una acción legal.

Christopher Harris, director de asuntos legislativos del sindicato, informó que en los últimos cuatro meses, 83 agentes fronterizos que resguardan la zona desde la playa hacia la garita de San Ysidro han presentado infecciones y otros problemas de salud a consecuencia de la contaminación.

“Eso es inaceptable”, subrayó.

“Nosotros aceptamos los riesgos normales en la aplicación de la ley, entendemos que pueden dispararnos, tirarnos piedras, que pueden agredirnos, lo que nos rehusamos a seguir haciendo es trabajar en una zona contaminada con aguas negras”, agregó el representante sindical.

Hace 17 años, la Patrulla Fronteriza presentó una demanda similar, que derivó en un acuerdo.

Como parte de dicha resolución, se equipó a los oficiales fronterizos con material preventivo como guantes o gel desinfectante, además de que ya no se les obliga a entrar al río, aunque en ocasiones, su trabajo lo requiere.