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Fiscalía presenta cargos en 9 casos por amenazas en escuelas de SD

A worker power washed a wall with a spray painted threat on it. Security was heavy at Rancho Bernardo High School after threats spray-painted on walls and pavement around campus threatened a shooting.
A worker power washed a wall with a spray painted threat on it. Security was heavy at Rancho Bernardo High School after threats spray-painted on walls and pavement around campus threatened a shooting.
(John Gibbins / San Diego Union-Tribune)
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Un mes después del tiroteo masivo mortal en una escuela preparatoria de Florida, se desató una oleada de amenazas de eventos similares en varias escuelas en el condado de San Diego, algunas de las cuales llevaron a arrestos.

Y aunque las autoridades encontraron que la mayoría de esas amenazas “no eran creíbles”, subrayaron que existen consecuencias reales para las personas que las crean.

Desde el 14 de febrero, el día en que un hombre armado disparó y mató a 17 personas en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, se han reportado 19 amenazas a las autoridades locales, según la Fiscalía del Condado de San Diego.

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De ellos, nueve casos fueron presentados en la Corte Juvenil, lo que significa que se presentaron cargos contra el acusado.

“Esta es la mayor cantidad de casos emitidos en un período tan corto que puedo recordar”, dijo la fiscal de distrito Summer Stephan en una entrevista la semana pasada.

En 2014 su oficina estableció a un equipo especial que investiga y procesa los casos de amenazas escolares, y trabaja para comprender mejor las amenazas y a las personas que las hacen.

Además de los nueve casos presentados en la Corte Juvenil, dijo Stephan, otros han sido manejados de diversas maneras, como con justicia restaurativa, —que se centra en la rehabilitación de delincuentes juveniles a través de la reconciliación con víctimas y la comunidad en general— y con resultados basados en la experiencia en otras escuelas.

También hay algunos casos que siguen bajo investigación, dijo Stephan.

No reveló ningún detalle sobre casos individuales, señalando que los procedimientos de la Corte Juvenil son confidenciales, pero habló ampliamente sobre ellos, señalando “mayor interés de seguridad pública” al discutir el daño que las amenazas causan a la comunidad y al perpetrador.

“Es importante darse cuenta de que hay consecuencias al hacer amenazas”, dijo Stephan.

El tipo de amenazas reportadas recientemente, que incluyen publicar mensajes amenazantes en las redes sociales o en propiedad del plantel escolar, generalmente son calificadas como delitos graves, según la ley estatal.

Para ser culpable de realizar una amenaza criminal, un fiscal no tiene que demostrar que el delincuente intentó llevar a cabo la amenaza, solo que la persona quería poner a otra persona en peligro y lo hizo con éxito.

Si un menor es acusado de hacer una amenaza criminal en la Corte Juvenil y se demuestra que el cargo es verdadero, el caso puede resolverse de varias maneras, desde libertad condicional informal y restricciones al uso de las redes sociales hasta tiempo bajo custodia.

Littlefield escribe para el U-T.