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Abogados confían en que juez bloquee ley antiinmigrante de Texas

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Abogados y expertos confiaron hoy en que el juez federal que escuchó este lunes argumentos sobre la controversial ley SB4, que prohíbe las “ciudades santuario” en Texas, la bloquee antes de que entre en vigor el 1 de septiembre.

“Estamos esperanzados en que el juez decida bloquear esta ley, pero no es mi deber hacer predicciones sobre su decisión”, señaló en una conferencia telefónica Nina Perales, directora de litigios del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) y parte demandante contra esta legislación.

La parte querellante incluye las ciudades de San Antonio -representada por MALDEF-, Austin, Dallas y Houston, los condados de El Paso, Travis, Maverick y Bexar, y el pueblo fronterizo de El Cenizo.

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Durante la audiencia del lunes, que duró más de siete horas, el juez de distrito Orlando García puso especial atención en conocer de qué modo se aplicaría la SB4 en caso de entrar en efecto en dos meses.

“Nuestros representantes legales dieron evidencias claras de cómo esta ley afectará a las distintas comunidades, especialmente en un descenso de reportes de crímenes domésticos, inseguridad (o) aumento de ausencias escolares”, indicó en la misma llamada el concejal de Austin, Greg Casar.

“En cambio -prosiguió Casar- los abogados del estado o de Trump no expusieron ninguna certeza de que la SB4 mejorará la seguridad de nuestros habitantes, sino que simplemente negaron todo lo que presentamos”.

El estado de Texas estuvo representado por el equipo de abogados del fiscal general estatal, el republicano Ken Paxton, y fue respaldado por el Departamento de Justicia.

Según el Departamento de Justicia, la legislación texana no va en contra de los principios de preeminencia de la ley federal, respeta el federalismo y respalda el derecho de la gente a que no se viole su intimidad.

Para André Segura, director de inmigración de ACLU, una de las organizaciones proderechos civiles más importantes de la nación, la participación de este departamento en el caso “ayudó más” a la parte litigante que a la defensa de la ley, ya que sus letrados expusieron argumentos “poco persuasivos” y reconocieron que es el Congreso quién toma decisiones sobre política migratoria.

Una de las cláusulas más controvertidas de la ley, conocida como “enséñame los papeles”, autorizará a los cuerpos policiales a preguntar sobre documentación migratoria a cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.

El magistrado cuestionó si los pasajeros de un automóvil hipotéticamente parado por las autoridades locales bajo la SB4 deberían mostrar sus papeles o no, una pregunta que ni la defensa ni la parte demandante supo responder con exactitud.

“A parte de su inconstitucionalidad, la debilidad más grande de esta ley es que es poco clara en muchos aspectos”, añadió Perales.

Dónde sí la legislación es taxativa, según la abogada, es en los castigos que recibirán las autoridades locales que tomen decisiones para favorecer la situación de las personas indocumentadas, es decir, políticas “santuario”.

En caso de incumplir con la ley, los sheriffs de condado y los representantes locales se enfrentarían a multas que pueden alcanzar los 25.000 dólares y hasta penas de cárcel.

“Esto viola claramente la Primera Enmienda de la Constitución, dado que prohíbe la libertad de expresión de los funcionarios electos en cuestiones migratorias”, concluyó.

Otros de los participantes en esta conferencia, el director ejecutivo del Proyecto de Defensa Laboral de Texas, José Garza, aseguró que el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, “declaró la guerra a las familias texanas” al ratificar esta ley el pasado mes de mayo.

“Por eso ciudades, condados y pueblos de todos los rincones del estado están representados en este caso”, apuntó el activista, que criticó que la SB4 fomenta los patrones raciales de las policías locales.

En las observaciones finales durante la audiencia judicial, el juez García dijo no estar seguro de cuándo dictará sentencia, pero aseguró que trabajará “lo más rápido posible” para emitirla antes de septiembre.

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