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Protección de la propiedad contra decomisos injustos

Protección de la propiedad contra decomisos injustos

Uno de los principios básicos de la justicia estadounidense es que todos somos considerados inocentes de haber cometido un delito hasta que se pruebe nuestra culpabilidad.

Así como esto ocurre con nuestra libertad personal, también se aplica a nuestras propiedades. Ha sido necesario, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, que el gobierno pruebe que alguien ha estado involucrado en un mal proceder (delictivo o civil) para decomisar los bienes de esa persona.

Pero en el momento cúspide de la histeria de la guerra contra las drogas en los años 1980, el Congreso y las legislaturas de los estados promulgaron leyes de “decomiso civil” para permitirles a las fuerzas del orden público apropiarse de la propiedad y el efectivo de personas sin que estas hayan sido condenadas por un delito o incluso antes de que hayan sido declaradas culpables. En estos momentos, un oficial de policía solo tiene que declarar que él o ella creen que el contenido de los bolsillos o la cuenta bancaria de un sospechoso tiene “dinero que proviene de las drogas”, o que su propiedad se construyó con ganancias provenientes del narcotráfico.

Desde que se adoptaron estas disposiciones de decomiso civil, el gobierno ha llevado a cabo la confiscación de mil millones de dólares en efectivo, autos y casas, y los ha mantenido sin que se haya realizado juicio alguno. Y he aquí la sorpresa: la agencia encargada de incautar el dinero y las propiedades generalmente se guarda una gran parte del dinero decomisado para su propio presupuesto. Esto crea obvios incentivos perjudiciales para las agencias del orden público; es como si a los agentes de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) se les pagara por comisión.

Las leyes de California son mejores que las leyes federales en esta cuestión: por lo general, estas exigen que haya una condena antes del decomiso permanente de la propiedad y les brindan protecciones a los miembros de las familias que no son culpables. Sin embargo, las leyes de California también han permitido a sus agencias del orden público asociarse con los federales y aprovechar las disposiciones federales de decomiso civil, donde no se exige que haya una condena para realizar las confiscaciones. Los federales toman el 20 por ciento del valor, y envían el 80 por ciento restante de regreso a la agencia que tomó la propiedad en primera instancia.

Un informe de la Alianza sobre Políticas de Drogas de abril de 2015 concluyó que los incentivos económicos del decomiso de bienes llevaron a algunas agencias de California a reforzar sus equipos de confiscación, al tiempo que recortaban gastos en materia de patrullas e investigación de delitos graves o violentos. La mayoría de los oficiales del orden público actúan con integridad, pero la ley federal recompensa perversamente a aquellos que dan prioridad a la confiscación de “contrabando” por sobre la condena de los delincuentes.

Es una medida equivocada del gobierno el decomisar la propiedad de una persona sin que esta haya tenido un juicio o una condena. También tiene que acabarse con las munificencias: es mejor reforzar los recursos para hacer cumplir la ley que alentar a los oficiales a decomisar los bienes de personas inocentes y también de las culpables.

Es precisamente esta creencia en la justicia de los Estados Unidos, en la que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, la que ha llevado a que se juntaran un senador estatal Demócrata y un asambleísta estatal Republicano. Nuestro proyecto de ley, la SB 443, terminará con los incentivos económicos para trasladar los casos al sistema federal, y se encargará de manejar estos casos en los tribunales de California.

La SB 443 no cambiará las facultades de los policías en las calles o las de los detectives que incautan la propiedad o el efectivo que ellos consideran como parte de una operación relacionada con las drogas. Sin embargo, si no hay un delito probado, o no se ha presentado un caso, la propiedad será devuelta. Esto es lo que conocemos como el debido proceso básico, y la diferencia entre lo correcto e incorrecto.

Somos parte de un movimiento nacional bipartidista para la reforma de las leyes sobre el decomiso civil. Por ejemplo, los líderes Republicanos del Congreso y los fiscales generales Demócratas de los Estados Unidos han cooperado recientemente para ponerle fin, de manera temporal, a estas prácticas a nivel federal. Nuestro proyecto de ley hará que ese cambio sea permanente en California.

El Senado de California aprobó nuestro proyecto de ley en una votación que obtuvo en junio una gran mayoría de 38 contra 1, y la envió a la Asamblea. Estamos dispuestos a llevar esta reforma al escritorio del gobernador Brown para obtener su firma.

Nos une el compromiso con la justicia. Ni usted, ni yo, ni su vecino; nadie debe perder su propiedad en manos del gobierno sin antes haber pasado por un debido proceso.

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