Jurado delibera posible sentencia de muerte en caso de niño Gabriel Fernández

El jurado que se encarga de una posible sentencia a pena de muerte en el caso del hispano hallado culpable por el asesinato en Los Ángeles del niño de ocho años Gabriel Fernández, continúa hoy deliberando.

Isauro Aguirre, un ex guardia de seguridad de 37 años, podría ser condenado a la pena de muerte si este tribunal, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, sigue la recomendación del fiscal expuesta durante la fase de sentencia del juicio.

"La pena de muerte está justificada por lo que (...) hizo a Gabriel Fernández", aseguró este último lunes el fiscal Jonathan Hatami al presentar sus argumentos de cierre ante el jurado.

"No hay nada peor en nuestra sociedad que un hombre -ya crecido- torturando y asesinando a un pequeño niño", enfatizó.

La defensa por su parte pidió a los jurados que otorgaran al convicto una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

"Él no es un peligro para nadie. ¿Debe Isauro recibir la muerte? La respuesta es no", argumentó John Alan, abogado defensor de Aguirre, quien presentó a su defendido como "amable", "compasivo" y "paciente", según testimonio de personas que trabajaron con él en un centro de cuidado de personas mayores.

El hispano, novio de Pearl Sinthia Fernández, de 34 años, madre del niño, fue hallado culpable el 15 de noviembre de la muerte del menor por el mismo jurado que decidirá su sentencia.

El niño Gabriel Fernández residía en Palmdale, al norte de Los Ángeles, con su madre y Aguirre. Murió el 24 de mayo de 2013 luego de ser trasladado a un hospital local.

La investigación inicial encontró que la muerte del niño ocurrió como consecuencia del abuso sufrido a manos de su madre y el novio, y que los funcionarios del Departamento de Servicios de Niños y Familias (DCFS) tendrían que haber actuado con más diligencia para evitar la tragedia.

Un gran jurado que deliberó previamente sobre el caso encontró que Gabriel había sufrido abuso físico durante al menos ocho meses.

Según la autopsia, el menor presentaba fractura craneal, varias costillas rotas y quemaduras en todo su cuerpo.

Las trabajadoras sociales de DCFS Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, al igual que dos supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, fueron despedidos de sus empleos a raíz del caso y acusados posteriormente de abuso infantil y falsificación de registros.

A la madre Pearl Sinthia Fernández, actualmente recluida, se le realizará un juicio aparte.

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