Las guerras comerciales de EE.UU se calientan mientras las empresas piden más control a los competidores extranjeros

Las empresas de los Estados Unidos están presentando nuevas demandas comerciales contra sus competidores extranjeros con un alcance y una frecuencia no vistas en más de 15 años, según muestran los documentos del gobierno, a medida que se genera una nueva ola de quejas en el marco de la presidencia de Trump.

Un análisis del Washington Post de los datos del Departamento de Comercio encontró 23 nuevas disputas comerciales iniciadas desde enero, lo cual convierte a 2017 en el año más activo para casos arancelarios desde 2001. Los nuevos casos apuntan al comercio entre los EE.UU. y 29 países, la mayor cantidad desde 2001, e incluyen disputas sobre lavadoras coreanas, aceitunas españolas, papel de aluminio chino, cofres de herramientas vietnamitas, biodiesel argentino y aviones de pasajeros canadienses. Los guerreros comerciales de los Estados Unidos incluyen a los fabricantes de paneles solares con limitaciones financieras, y las debilitadas plantas de acero de Rust Belt y granjas de oliva de California.

Varias solicitudes provinieron de compañías que están bajo propiedad extranjera. Y en un cambio con respecto a años anteriores, algunas empresas rentables piden ahora al gobierno que imponga nuevas restricciones a sus rivales extranjeros, aprovechando un cambio reciente en la ley federal.

El aumento de las quejas se produce mientras la Casa Blanca se mueve para redefinir el papel de los Estados Unidos en la economía global.

“Por pedido del presidente Trump, les hemos dicho a las firmas estadounidenses que cuidaremos más del tema que cualquier administración reciente, al tiempo que seguimos comprometidos con un proceso justo y transparente, implementado de forma profesional e imparcial”, expresó el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Ellos saben que respaldaremos a los trabajadores estadounidenses frente a las prácticas comerciales desleales”.

Los casos arancelarios suelen comenzar cuando las empresas estadounidenses acusan formalmente a los competidores extranjeros por el “dumping” de productos en los Estados Unidos a precios injustamente bajos, o de beneficiarse de subsidios injustos, o de ambos. Luego, el Departamento de Comercio y una agencia cuasi judicial de los EE.UU., llamada Comisión de Comercio Internacional, deciden qué hacer.

Ross quiere que el gobierno presente más casos, algo que podría permitir a las compañías ahorrar en gastos legales. El Departamento de Comercio dio el primer paso en esa dirección en una acción arancelaria de noviembre contra los distribuidores de chapa en China, la primera acción iniciada por el gobierno desde 1985.

El recuento realizado por el Washington Post habla de 23 nuevas disputas en 2017 y se basa en el número de solicitantes que aportan nuevos aranceles; si, por ejemplo, una sola empresa de los EE.UU. solicita aranceles en productos de 10 países, el Post lo consideró como una nueva disputa única, aunque tal acción generaría 10 investigaciones del Departamento de Comercio. Cuando se calcula en base al número de nuevas investigaciones -tal como el Departamento de Comercio tiende a representar la tendencia en sus comunicados de prensa- hubo 79 nuevas investigaciones en 2017, lo cual refleja un salto del 65% respecto al año anterior y un máximo en 16 años.

Dado que la mayoría de los casos nuevos apenas comienzan a abrirse camino en el proceso deliberativo del gobierno, es demasiado pronto para decir si tendrán éxito.

Algunas compañías están presionando por cuotas de precios, que prohíban a las empresas extranjeras vender por debajo de un monto determinado. Y en dos casos este año, tres firmas han invocado una herramienta de comercio poderosa y poco utilizada en los EE.UU., llamada la cláusula de “salvaguardia”, que impone impuestos generales sobre los productos, independientemente del país de origen. Tales casos son únicos ya que requieren una firma directa del presidente; antes de que Trump asumiera el cargo, ninguna compañía había pedido salvaguardarse de esta manera desde 2001.

“El hecho de que ya hayamos visto dos de estos casos en 2017 debería ser una señal clara de que las empresas estadounidenses creen que la administración Trump va a otorgarles protección”, afirmó Chad Bown, investigador del Peterson Institute for International Economics, una organización de investigación y políticas centrada en el comercio mundial.

El gobierno se está preparando para dictaminar sobre ambos casos a principios del próximo año.

Las compañías estadounidenses que buscan aranceles de importación más estrictos argumentan que se necesitan restricciones comerciales para nivelar el campo de juego económico y sustentar los empleos estadounidenses, y que éstas tienen poco que ver con la política o com Trump.

Por ejemplo, una compañía de papel del estado de Washington llamada North Pacific Paper Co., o Norpac, acusa a los competidores canadienses de inundar el mercado de los EE.UU. con productos menos costosos. Como resultado, Norpac, que vende papel para periódicos y otras industrias, tuvo que reducir su personal de alrededor de 450 a 350 empleados en el último año, señaló la empresa.

Mientras tanto, dos conglomerados californianos familiares de granjas de olivos, Bell-Carter Foods y Musco Family Olive, han pedido al Departamento de Comercio que contrarreste a los cultivadores de aceitunas españoles que, según afirman, están respaldados por un complejo sistema de subsidios agrícolas en el estado.

Una coalición de fabricantes estadounidenses de biodiésel afirma que sus rivales en Indonesia y Argentina están vendiendo su producto en los Estados Unidos a precios injustamente bajos y dice que el gobierno argentino también está otorgando exenciones impositivas a los exportadores para subsidiar injustamente a la industria.

Dos compañías que piden una protección general -Suniva, con sede en Georgia, y SolarWorld USA, de Oregon- son fabricantes de paneles solares que fabrican células fotovoltaicas, los diminutos chips que convierten la energía solar en utilizable. En los últimos años, afirman, una inundación de componentes menos costosos provenientes de fabricantes solares chinos los ha puesto en desventaja; las dos firmas se han declarado en bancarrota desde entonces y han despedido a miles de trabajadores.

Su reclamo, sin embargo, no cuenta con el respaldo de otros en su industria: el grupo comercial Solar Energy Industries Association se opone al arancel, que argumenta causaría la pérdida de 88,000 empleos en otras ramas de la industria. La Comisión de Comercio Internacional falló a favor de SolarWorld y Suniva en octubre, pero las dos compañías afirmaron que los aranceles que recomendó son demasiado pequeños.

Otros que buscan la implementación de aranceles no están sufriendo tanto. La tercera compañía que solicitó protección de salvaguardia más amplia, el gigante de electrodomésticos con sede en Chicago, Whirlpool, registró ventas por $5,400 millones de dólares este año.

Pero los márgenes de ganancias han menguado durante un buen tiempo y la compañía dice que se debe en parte a que está perdiendo cuota de mercado en una categoría de producto clave (lavadoras) a manos de los fabricantes coreanos LG y Samsung. Whirlpool argumenta que dichas firmas han colocado lavadoras en los Estados Unidos durante años y trasladado sus centros de producción alrededor del mundo para evitar aranceles iniciales.

Al argumentar en contra de los aranceles, las compañías extranjeras han señalado que también emplean a estadounidenses. “Nadie debería dudar de nuestro compromiso de crear empleos en los Estados Unidos. Hemos comercializado nuestros productos aquí durante casi 40 años y tenemos más de 18,000 trabajadores”, afirmó el vicepresidente sénior de Samsung, John Herrington, en un comunicado, refutando la solicitud de tarifas de Whirlpool. “Sabemos lo que significa ser un fabricante estadounidense, somos uno de ellos y estamos en el mercado a largo plazo”.

Varias de las empresas que solicitan la protección de importaciones están en realidad bajo propiedad extranjera, como la filial estadounidense de Nan Ya Plastics. El fabricante taiwanés de plásticos solicita nuevas restricciones sobre los productos de poliéster coreano y taiwanés, como parte de una disputa comercial de larga data.

Un conglomerado de metales con sede en el Reino Unido llamado Ferroglobe ha pedido restricciones de los Estados Unidos sobre el silicio metálico de Australia, Brasil y Noruega. También libra una guerra comercial paralela en Canadá, donde solicitó nuevas restricciones a las importaciones de silicio de cuatro países.

DAK Americas, la filial de Carolina del Norte de una de las firmas textiles más grandes de México, se está asociando con Indorama Ventures USA, el brazo estadounidense de una firma india, y solicitan restricciones sobre productos textiles de Brasil, Indonesia, Corea, Pakistán y Taiwán.

Las complejas conexiones internacionales de quienes piden aranceles -y la presencia estadounidense a menudo fuerte de las compañías a las que apuntan- ilustran un problema para los aranceles de importación: las empresas extranjeras que se ven afectadas por las tarifas a veces pueden evitarlas moviendo la producción a un tercer país, o incluso a los Estados Unidos.

“Los aranceles realmente no funcionan... Si se aplica una tarifa, aún pueden mover esa mercancía a través de otro país”, dijo Barry Zekelman, presidente ejecutivo de la fábrica de tubos de acero de Illinois Zekelman Industries, al canal de cable CNBC este verano.

Zekelman se está asociando con otras cuatro empresas siderúrgicas -ArcelorMittal, PTC Alliance, Webco Industries y Michigan Seamless Tube- para solicitar un sistema más amplio de cuotas que fije precios mínimos fijos para las empresas extranjeras.

Las empresas siderúrgicas como Zekelman -que representan aproximadamente la mitad de las nuevas solicitudes en 2017- tuvieron un anticipo de una acción de alcance más amplio cuando, al principio del mandato de Trump, la Casa Blanca anunció que estaba investigando si etiquetar el acero y aluminio fabricados en el extranjero como un riesgo a la seguridad nacional, algo que impondría severas restricciones a las importaciones extranjeras de acero.

Ese esfuerzo, sin embargo, se ha estancado por más de seis meses. En una entrevista, el 25 de julio pasado con el Wall Street Journal, Trump aseguró que cualquier acción sobre metales especiales está “en espera hasta que terminemos con los temas de salud e impuestos, e incluso de infraestructura”.

Luego, el 28 de noviembre, el Departamento de Comercio tomó la medida -muy inusual- de presentar un caso de aranceles por sí mismo, solicitando tasas superiores al 57% sobre la chapa de aluminio procedente de China. Las autoridades insistieron en que la iniciativa fue separada de la investigación anterior especial sobre metales.

En un cambio con respecto a años anteriores, algunas compañías que presentaron casos están teniendo un desempeño relativamente bueno frente a sus rivales.

Boeing es uno de los mayores exportadores de los Estados Unidos, una compañía que mantiene márgenes de ganancia saludables vendiendo jets comerciales a aerolíneas y armamento avanzado para el ejército estadounidense.

Nada de eso impidió que el fabricante aeroespacial de Chicago reclamara, el 27 de abril pasado, que había sido perjudicado ilegalmente por el acuerdo de 2016 con la canadiense Bombardier y Delta Air Lines, por 75 aviones CS100, y solicitó aranceles para los aviones -de entre 100 y 150 asientos- de Canadá, una categoría en la que ella no compite.

Los abogados de la empresa pueden haberse visto envalentonados por una norma comercial de 2015 que hizo más fácil para las corporaciones rentables ganar las disputas comerciales de los EE.UU. La Ley de Extensión de Preferencias Comerciales prohíbe a la Comisión de Comercio Internacional rechazar los casos de comercio puramente sobre la base de que la empresa solicitante es rentable.

El Departamento de Comercio sorprendió a la industria aeroespacial en septiembre, cuando falló a favor de Boeing, proponiendo un arancel de importación del 300% que haría insostenibles las ventas de Bombardier para los EE.UU. Pero la firma canadiense podría haber encontrado una forma de evitar la nueva tarifa.

Recientemente acordó vender los derechos del CS100 a Airbus, un fabricante francés que es el principal competidor de Boeing en el mercado de aviones comerciales. Y el anuncio llegó con un giro adicional: la producción futura del avión de la serie C se trasladaría de Canadá a Alabama, donde Airbus ya tiene una instalación. “[Esto] No tiene la intención de eludir nada, pero el hecho es que cuando se produce un avión en los EE.UU., no está sujeto a ninguna regla de aranceles de importación”, afirmó el presidente de Bombardier, Alain Bellemare, en octubre.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí