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Licencias de conducir para indocumentados avanzan en Nuevo México

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El Senado de Nuevo México aprobó hoy una propuesta bipartidista que cumple con los requisitos de la ley federal del Real ID y a la vez permite a los indocumentados que residen en el estado conducir legalmente.

El texto, que llegó al pleno tras ser aprobado en tres comisiones de la Cámara Alta estatal, es resultado de un compromiso entre republicanos y demócratas para que las licencias de conducir de Nuevo México cumplan con los requisitos de la norma Real ID, que implica comprobar el estatus migratorio de las personas que solicitan una licencia de conducir.

El requisito entraba en conflicto con una ley estatal aprobada en 2003, que concede a los indocumentados licencias de conducir, ante lo cual el texto aprobado establece un sistema dual que permite a los residentes del estado obtener una licencia de conducir que cumpla con los requisitos del Real ID, si lo desean.

Al mismo tiempo, los inmigrantes indocumentados ahora deberán aplicar a las llamadas “tarjetas de conducir”, que les autoriza a manejar legalmente por Nuevo México y comprar seguros de automóviles.

La iniciativa HB 99 exige que quienes no puedan comprobar su estatus migratorio presenten sus huellas digitales, las cuales serán entregadas al FBI para llevar a cabo una revisión de sus antecedentes penales.

Los únicos indocumentados que deberán cumplir con estos requisitos son aquellos que apliquen por primera vez a una “tarjeta para conducir”, mientras que los 90,000 indocumentados que ya cuentan con una licencia de conducir en este estado no tendrán que presentar sus huellas digitales.

El tema de las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados es un tema espinoso y que por años ha dividido al estado de Nuevo México desde su aprobación en 2003.

Por ello, la aprobación de esta iniciativa legislativa es considerada tanto por grupos conservadores como por defensores de los inmigrantes como una “victoria”.

Marcela Díaz, directora del grupo Somos Un Pueblo Unido, dijo a Efe que el texto es una derrota para la gobernadora del estado, Susana Martínez, una declarada opositora a la norma de 2003.

“No importa cómo lo llamen, es una licencia para que nuestra comunidad pueda seguir manejando”, afirmó.

La propuesta irá ahora al pleno de la Cámara de Representantes, para después ser enviada a la Gobernadora Martínez.

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