Aprueban acuerdo parcial con Departamento Justicia en caso de alguacil Joe Arpaio

Autoridades del Sheriff en Maricopa tendrán que entrenar mejor a su personal para evitar abusos

La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa aprobó ayer por unanimidad llegar a un acuerdo varios de los puntos principales de una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia en contra del alguacil del condado Maricopa Joe Arpaio.

El acuerdo incluye entrenamiento adicional para los oficiales de Arpaio y el establecimiento de políticas internas para evitar casos de abuso de poder.

En un comunicado de prensa los supervisores dijeron que esperan que este acuerdo sirva para "voltear la página" en este caso y resolver acusaciones de represalias en contra de oficiales electos, falta de intérpretes en las cárceles y cuestionamientos sobre las redadas donde se aplicaron leyes migratorias.

"El Condado de Maricopa siempre ha tenido el intento de llegar a un acuerdo", dijo el presidente de los supervisores del condado, Steve Chucri, en el mismo comunicado.

Indicó que continuarán trabajando con el Departamento de Justicia para poder resolver los puntos restantes de la demanda, incluyendo las preocupaciones y cuestionamientos sobre detenciones de tráfico.

El supervisor Steve Gallardo calificó el acuerdo como "un paso positivo" pero en su opinión aún falta mucho por hacer.

"La parte más difícil será la implementación de este acuerdo, algunos de los cambios ya han sido hechos, pero tenemos que cerciorarnos de que se mantengan y sean implementados", detalló.

En el 2012 el Departamento de Justicia presentó una demanda en contra de Arpaio indicando que infringieron en prácticas de perfil racial, violaron los derechos civiles de latinos durante detenciones de tráfico y durante redadas a sitios de trabajo.

Como parte del acuerdo anunciado por los supervisores, el alguacil, en caso de que decida retomar las redadas en sitios de trabajo, deberá establecer políticas por escritos que aseguren que sus operativos se llevan a cabo de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos.

Arpaio también deberá establecer una política "oficial" prohibiendo la represalia en contra de cualquier persona que no esté de acuerdo con sus acciones.

El próximo 10 de agosto está programada una audiencia en la corte federal en Phoenix sobre este caso.

La demanda por parte del Departamento de Justicia en contra de Arpaio es independiente a la demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles en representación de un grupo de conductores hispanos.

En el 2013 un juez federal declaró a Arpaio culpable de prácticas de perfil racial en ese caso.

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