Abogados y activistas definen estrategias de apoyo a menores inmigrantes

Abogados privados y activistas defensores de los derechos humanos realizan una reunión cumbre en Chicago para definir la mejor estrategia de ayuda legal para miles de niños centroamericanos que aguardan una decisión judicial sobre su estatus migratorio.

Según informó hoy el Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC), los expertos deliberarán a puertas cerradas hasta el sábado para compartir estrategias y modelos que ayuden a los niños a entender sus derechos y a buscar protección legal.

La reunión cumbre, como ha sido denominada, se enfoca en los aproximadamente 57,000 menores inmigrantes que llegaron solos a la frontera hace un año, tras escapar de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Esos niños, según un comunicado del centro, han pasado los exámenes preliminares para demostrar que pueden ser elegibles para recibir protección bajo las leyes de Estados Unidos.

Muchos de ellos, agrega el centro, han sido reunidos con familiares y viven en zonas rurales, lejos de cualquier tipo de ayuda legal.

“La mayoría de esos niños todavía corre el riesgo de deportación y necesita desesperadamente la ayuda de abogados para navegar un sistema legal complejo que resulta difícil aun para los adultos”, declaró Lisa Koop, directora de servicios legales del NIJC en Indiana.

“Aunque disminuyó en gran medida la cantidad de niños que huyen a los Estados Unidos, los peligros de Centroamérica que provocaron esa migración todavía persisten”, agregó.

Rocío Castañeda, del Proyecto Florence de Arizona para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, señaló que los niños que han sido entregados a familiares esperan ahora la cita en una corte de Inmigración.

“Cuanto más rápido entiendan sus derechos y las dificultades del sistema de inmigración, mejores posibilidades tendrán de conseguir asesoría legal”, dijo Castañeda, uno de los 25 abogados que participan en la cumbre, iniciada el pasado viernes.

Alexandra Fung, del Proyecto de Protección de Menores del NIJC, declaró que muchos de los niños son elegibles para recibir asilo u otras formas de protección, pero para ello necesitan la ayuda de abogados por tratarse de las áreas más complicadas de la ley de inmigración.

Dijo que el Gobierno no es responsable de proveer asesoría legal a los niños, que carecen de recursos y dependen por tanto de voluntarios y organizaciones sin fines de lucro que no pueden llegar a todos los que necesitan ayuda.

“El sistema no está diseñado para tratar con niños y no les ofrece garantías de defensa”, agregó.

Por su parte, Ángela Vigil, directora del servicio pro bono y comunitario de un estudio jurídico de Miami, opinó que es “crítico” expandir los servicios legales privados gratuitos, y en tal sentido sugirió involucrar a fundaciones y otros donantes para que inviertan en ayudar a los niños centroamericanos.

Las mejores prácticas y estrategias que surjan de esta reunión serán publicadas en un manual que el NIJC distribuirá a nivel nacional a fines de este año.