Una ley que cambió la vida de miles de inmigrantes

Para Manuel Martínez, un inmigrante que fue detenido junto a su esposa por la Policía de Tucson y remitido a las autoridades migratorias en cumplimiento de la controversial ley SB 1070, esta es una medida “racista”.

Recuerda con tristeza la mañana de un domingo en el 2012 cuando iba con su esposa para el supermercado y un oficial le ordenó detener la camioneta.

“Dice el policía que porque yo había dado una vuelta mal y ahí fue cuando me bajaron del ‘troque’, luego el policía se me acercó, me pidió los documentos y como le dije que no tenía, entonces llamó a migración”, relató Martínez, oriundo de Veracruz, México, durante una entrevista con HOY en su residencia en Arizona.

Después de esperar alrededor de 15 minutos, la Patrulla Fronteriza llegó y arrestó a Martínez y su esposa. Sostuvo que ha sido el momento más humillante que ha vivido en este país desde que llegó hace 15 años.

La ley SB 1070, que cumple cinco años desde que la entonces gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la aprobara el 23 de abril del 2010, otorgó a la policía la autoridad para verificar el estatus migratorio de las personas durante una “parada legal, detención o arresto” si tienen sospechas razonables de que están en el país sin documentos migratorios.

Desde entonces, decenas de inmigrantes han sufrido la separación de sus familiares, mientras otros continúan peleando sus casos de deportación en cortes federales. Los críticos de la ley argumentan que permite arrestar a las personas por su perfil étnico latino e inmigrante. Para estos últimos, Martínez es un ejemplo.

“Me esposaron a mí y a mi esposa como si fuéramos unos criminales, y no sólo llegó un policía, llegaron cuatro patrullas”, dijo Martínez.

Bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, Martínez pidió ver un juez y a los dos días fue enviado al centro de detención de Florence (Arizona) donde esperó tres meses para una audiencia, su esposa no tuvo la misma suerte, al otro día fue deportada a Nogales, Sonora.

“Fue muy difícil. A mi esposa la dejé ahí en la cárcel, [pero] la enviaron [deportaron] al otro día y yo no sabía dónde estaba… ¡que duro es!”, sostuvo el veracruzano.

Actualmente la esposa de Martínez reside en Nicaragua. Él no quiere que se arriesgue cruzando el desierto de Arizona, además, espera trabajar un año más y regresar con ella nuevamente.

Un caso similar tiene a Rosa Robles Loreto refugiada desde hace ocho meses en la Iglesia Presbiteriana del Sur de Tucson para evadir una orden de deportación en su contra. Ella dice ser una víctima de la SB1070.

“En el 2010 fui parada por un sheriff por un cono de construcción, me pidió papeles, le enseñé la licencia de México y no la aceptó”, relató Robles. Agregó que le suplicó que no le hablara a Inmigración, pero minutos más tarde fue arrestada por la Patrulla Fronteriza.

Según la inmigrante, esto ocurrió cuando estaba recién aprobaba la ley. “Escuché que si éramos víctimas de la SB 1070 que no firmáramos nada y pidiéramos hablar con un juez, eso fue lo que hice y estuve los 60 días en (el centro de detención) Eloy para ver un juez”, añadió.

Su abogada solicitó un cierre del caso a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) pero la agencia migratoria negó la solicitud.

Desde antes que se firmara la ley, empezaron las protestas en todo el estado, incluso en otras ciudades del país. La ley se debilitó después de varias demandas en tribunales locales y federales donde anularon partes de esta. Sin embargo, las autoridades continúan ejerciéndola bajo la lupa de las organizaciones civiles.

Según el Centro de Investigación Pew, la población indocumentada en Arizona disminuyó en un 40 por ciento entre el 2009 y 2012. Activistas señalan que la SB1070 y el tenso ambiente migratorio de este estado fronterizo fueron la causa del éxodo. Además, la implementación de esta ley dejó un alto costo monetario que supera los 200 millones de dólares, según estudios de diferentes organizaciones. Entre las consecuencias económicas el boicot económico en el 2010 afectó al turismo y negocios del estado.

“La SB1070 nos afectado más económicamente, muchas familias se fueron y al irse las familias tuvieron que cerrar negocios que tenían de esa clientela, las escuelas han sufrido, los centros comerciales se vaciaron”, dijo Lydia Guzmán, reconocida activista en Phoenix y defensora de los derechos humanos y civiles de la comunidad inmigrante.

Sin embargo, la ley no ha significado un incremento en las deportaciones en Arizona. Cifras de la Patrulla Fronteriza en Tucson, Arizona, señalan que 87,915 inmigrantes fueron deportados en el año fiscal 2014, un número que ha ido en descenso en los últimos años.

La agencia indicó que no hay cifras disponibles de cuántos de ellos fueron referidos por las autoridades locales por la SB 1070. Una vocera de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), argumentó no tener cifras relacionadas a las remisiones de inmigrantes por ser una ley estatal.

De los 315,943 inmigrantes deportados por ICE en el 2014 en todo el país, 102,224 fueron detenidos en el interior y de este número el 15% no tenían ningún antecedente criminal.

Según Guzmán, ICE en Phoenix ha señalado en varias ocasiones que no tienen recursos para ejecutar leyes estatales.

El cumplimiento de la SB 1070 no es algo nuevo para el Departamento del Sheriff del Condado Pima.

“Como lo dijo el Sheriff anteriormente, la SB1070 no cambia lo que nuestros oficiales hacen. Nosotros hemos llamado a las autoridades federales si encontramos que alguien es sospechoso de estar en el país ilegalmente desde años antes de la SB 1070”, dijo a Hoy Chris Nanos, Sub Jefe del Departamento del Sheriff.

Mientras personal de la Policía de Tucson, dijeron que ellos lo empezaron a llevar a la práctica a finales del 2010 en cumplimiento de la ley.

A la fecha, la única agencia estatal que tiene archivos públicos de las detenciones es el Departamento de Seguridad Pública (DPS), la agencia ejecuta la ley dependiendo de varios factores, como el tráfico del día y si hay o no niños en el vehículo.

Dos de las situaciones que pueden ser causa probable que el inmigrante no esté legalmente en el país puede ser que el conductor no tenga una licencia validad para conducir y que no hable inglés. Arizona es uno de los estados que no otorga el derecho de conducir legalmente a los inmigrantes.

Los estados de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Texas y Utah tienen legislaciones similares a la SB1070.