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San Diego sería de las más perjudicadas de EEUU si no hay solución a DACA

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EFE

La falta de protección permanente para “soñadores” y en general para beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) atenta contra la economía y la fuerza laboral de San Diego, California, según advirtió hoy la Cámara de Comercio Regional.

“El 97 % de los ‘dreamers’ tiene empleo, ya son parte legalmente de la fuerza laboral de San Diego”, expresó a Efe Paola Ávila, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, quien considera que esta ciudad sería una de las más perjudicadas en el país.

“(Los “soñadores”) ya están integrados en la economía, tienen estatus legal, han estado contribuyendo, están estudiando; es decir, nos quitarían lo que ya tenemos”, proyectó.

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Ávila indicó además que la rama de biotecnología en el condado genera alrededor de 40.000 empleos, que es casi el mismo número de trabajos que se perdería si el gobierno federal deporta a inmigrantes que llegaron a la región a temprana edad.

“Es como perder todo un sector industrial”, precisó.

Las compañías que emplean a los “soñadores” también se verían afectadas, pues si bien se han beneficiado del talento y habilidad de estos inmigrantes, reemplazarlos generaría pérdidas adicionales.

Se estima que unos 45.000 inmigrantes que residen y trabajan en el condado fronterizo empezarían a perder su estatus de protección legal una vez que llegue la fecha límite impuesta por el presidente, Donald Trump, que dejó la decisión final sobre el programa DACA en manos del Congreso, y éste debe anunciarla antes del 5 de marzo.

A nivel nacional, se estima que la deportación de unos 800.000 soñadores costaría más de 3.000 millones de dólares para cubrir con los gastos de rotación de personal, según un reporte de la Cámara de Comercio.

También calcula que un 6 % de los beneficiarios de DACA en el país han creado negocios que a su vez emplean a ciudadanos estadounidenses.

Por ello, este organismo ya ha enviado cartas tanto al Congreso como a la Casa Blanca para impulsar una solución bipartidista que ofrezca tranquilidad a los beneficiarios del amparo migratorio.

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