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Demócratas hispanos presionan a Kelly para evitar la expulsión de “dreamers”

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Legisladores hispanos del Partido Demócrata presionaron hoy al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para evitar la deportación de jóvenes indocumentados amparados por DACA y cuya seguridad está en peligro por una demanda que quieren interponer diez estados conservadores.

Texas y otros nueve estados han dado de plazo al Gobierno hasta el 5 de septiembre para rescindir el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado por el presidente Barack Obama y que ha evitado la deportación de 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños y son conocidos como “dreamers” (soñadores).

Si el Gobierno no elimina DACA, los estados conservadores han amenazado con interponer una demanda en una corte de Brownsville (Texas) para acabar con el programa por la vía judicial.

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“Pedimos al secretario Kelly que se involucre, que tome el liderazgo, él es el secretario del Departamento, él es un líder en este país, él tiene la capacidad”, dijo en una rueda de prensa el legislador Ruben Kihuen, que representa a un distrito del estado de Nevada.

En concreto, los legisladores pidieron a Kelly en una reunión a puerta cerrada que presione a otros miembros de su Gobierno, como al fiscal general, Jeff Sessions, para que DACA prevalezca.

Instaron a Kelly, un exmilitar que conoce bien Latinoamérica, a expresar públicamente su apoyo a las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso y que buscan impedir la deportación de los “dreamers” y permitirles mantener el permiso de trabajo y de conducción que les otorgó DACA.

Entre esas iniciativas, figura un proyecto apoyado por varios demócratas y republicanos, conocido por el acrónimo BRIDGE (puente, en inglés) y que suspendería la deportación de los jóvenes indocumentados durante tres años.

Según dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan, Kelly expresó su apoyo a DACA durante la reunión, pero no se comprometió a defender el programa ante otros miembros de su Gobierno, como Sessions, quien ha expresado en el pasado su rechazo a cualquier tipo de alivio migratorio.

Como titular de Justicia, Sessions sería el encargado de responder a la demanda de los diez estados conservadores y algunos legisladores demócratas temen que el fiscal les respalde para cancelar DACA y deportar a los jóvenes indocumentados, que están en un limbo legal.

“El secretario (Kelly) ha apoyado DACA, como ya hizo en el pasado. También ha dicho que el Congreso debe ser la fuente de una solución a largo plazo para DACA”, dijo Lapan.

Preguntado sobre si Kelly piensa que DACA es viable legalmente, Lapan respondió que no.

“Dijo que, desde su punto de vista y a través de las conversaciones que tuvo con fiscales dentro y fuera del departamento, muchos de ellos pensaban que DACA como ha existido hasta ahora no es legalmente sostenible, todo eso basado en sus conversaciones con fiscales”, dijo Lapan.

Según indicó su portavoz, por el momento Kelly no tiene planeado aparecer en público para apoyar ninguno de los proyectos legislativos sobre DACA.

Los legisladores demócratas le criticaron en la rueda de prensa porque, durante la reunión, dijo que no tenía conocimiento de la existencia de ningún proyecto en activo.

“No sabía que había ninguna legislación sobre DACA en activo en este momento”, confirmó Lapan.

En junio, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU emitió un memorando en el que aseguraba que DACA “seguirá en efecto”.

No obstante, por el momento, el Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de ese programa, aunque el presidente, Donald Trump, ha repetido que este “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta en su Presidencia y aseguró que lo encarará “con corazón”, sin dar más detalles.

El Gobierno de Trump sí ha acabado con el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), proclamado por Obama en 2014 para frenar la deportación de los padres indocumentados con hijos estadounidenses o residencia permanente y que nunca llegó a entrar en vigor por el bloqueo de los tribunales.

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