Los alguaciles de Texas, divididos ante la ley contra “ciudades santuario”

Los alguaciles de los condados de Texas se encuentran divididos respecto a la legislación estatal que prohíbe las “ciudades santuario” y permite a las autoridades locales aplicar la norma popularmente conocida como “enséñame los papeles”.

Mientras unos defienden que se trata de una legislación destinada a proteger la seguridad pública y que no varía demasiado la situación actual, otros critican que es una ley que aumentará la discriminación de trato según los perfiles raciales y supondrá una disminución de las denuncias de crímenes de que sean víctimas las personas indocumentadas, entre otras cuestiones.

“Como agentes de la ley que somos, respetamos esta legislación y consideramos que tiene como objetivo aumentar la seguridad pública, atacando a aquellas personas que tengan un comportamiento criminal y que no tengan la documentación en regla”, dijo a Efe el republicano Andy Louderback, director legislativo de la Asociación de Sheriffs de Texas (SAT, por sus siglas en inglés) y alguacil del condado de Jackson.

El representante de SAT señaló que la mayoría de los alguaciles de Texas tienen la misma opinión que él, pero que hay “algunos” que pretenden incumplir esta normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, tal como estipula la legislación texana.

En la ley conocida como SB4, la iniciativa destinada a prohibir las denominadas “ciudades santuario, Abbott ratificó también una enmienda aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.

Según ese precepto, muy similar a una ley aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como “enséñame los papeles”, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por una cuestión de tránsito.

Una de las voces autorizadas más contrarias a esta legislación es la demócrata Sally Hernández, sheriff del condado de Travis, cuya capital es Austin, quién impulsó políticas “santuario” en esta demarcación en febrero de este año.

Así, los servidores públicos de Travis únicamente colaboran desde entonces con las autoridades federales cuando un sospechoso es registrado en la cárcel del condado con cargos de asesinato, agresión sexual o tráfico de personas.

De lo contrario, los agentes federales deben tener una orden judicial o una orden de arresto firmada por un juez para que la cárcel siga alojando a una persona cuyo estatus migratorio está en cuestión.

A pesar de que Hernández aún no se ha expresado públicamente desde que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, ratificase esta ley el pasado domingo, sí emitió un comunicado cuando la SB4 estaba cerca de ser firmada.

“Es lamentable que el miedo y la desinformación hayan permitido que la SB4 sea aprobada en el Capitolio”, apuntó en este documento, en el que dijo sentirse decepcionada porque no es una ley destinada al “mejor interés de la seguridad pública”.

Asimismo, denunció que se trata de una ley que “ata las manos” de las autoridades locales y empuja a las víctimas de crímenes sin documentos a la sombra.

En la misma línea se expresó Ed González, sheriff del condado de Harris, dónde se encuentra la ciudad más poblada de Texas, Houston, quién remarcó en declaraciones a Efe que esta ley causará “mucho daño” entre las comunidades, especialmente las más diversas, que no podrán sentirse seguras por miedo a la deportación.

“Tenemos que ser un estado abierto para todos y las leyes de inmigración deben proteger la frontera, no apuntar a personas inocentes que llevan años siendo nuestros vecinos”, lamentó el alguacil.

González retiró este año del condado de Harris el controversial programa 287 (g) de inmigración, que establece un acuerdo de colaboración con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que las policías locales reciban entrenamiento para detener a los indocumentados que identifiquen en sus quehaceres diarios.

Bajo la nueva ley SB4, estos dos sheriffs podrían enfrentar penas de cárcel por no cumplir plenamente las directrices y sus oficinas estarán sujetas a multas de entre 1.000 y 25.000 dólares por cada infracción.

Según Louderback, de la SAT, los alguaciles abarcan “muchas áreas” dónde son objeto de pena de cárcel si incumplen una legislación, algo que es “totalmente normal” si se tiene en cuenta que son agentes profesionales de la ley.

“No entiendo porqué varios colegas de profesión se sienten amenazados bajo esta ley o preocupados por si van a perder su puesto de trabajo”, añadió el alguacil del condado de Jackson.

Por su parte, el sheriff del condado fronterizo de Hidalgo, Eddie Guerra, transmitió este jueves un mensaje de cooperación entre la policía y los residentes en un momento en que la incertidumbre sobre los efectos de esta ley sigue siendo “alta”, según recoge The Monitor, un diario con sede en McAllen (Texas).

“Tenemos que animar a las personas sin documentos a que denuncien crímenes, actividades sospechosas y a fugitivos temerarios, para que todos podamos disfrutar de una mejor calidad de vida y una comunidad más segura”, aseveró el alguacil en una rueda de prensa.

Guerra explicó que la SB4 no cambia “nada” para la aplicación de la ley en el Valle del Río Grande, una zona dónde ya se permite que las autoridades locales cuestionen el estatus migratorio de las personas detenidas si lo consideran oportuno.

Sin embargo, con esta nueva legislación, esta actividad usual en la zona fronteriza con México podrá volverse habitual en las grandes ciudades de Texas, como Austin, Dallas, San Antonio y Houston, urbes dónde residen familias que podrían verse separadas por la deportación de alguno de sus miembros.