Vive Guerrero entre el miedo y el terror; 296 ejecuciones en enero y febrero

Las mafias de la delincuencia organizada mantienen un dominio en varias regiones del Guerrero, principalmente en la región de Tierra Caliente, donde en algunas zonas se ha vuelto intransitable.

Se trata de demarcaciones, en su mayoría rurales, en donde sus habitantes tienen que pedir permiso al crimen organizado hasta para hacer una fiesta privada.

Informes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal señalan que entre enero y febrero de este año, en Guerrero se registraron al menos 296 ejecuciones.

Aunque la mayoría de ellas ocurrieron en Acapulco, al menos 52 se presentaron en Tierra Caliente, en los municipios de Ajuchitán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan.

Los puntos rojos, como los ubica el Gobierno, son los nueve municipios de Tierra Caliente, 11 de la Zona Norte; y de la zona centro, Chilpancingo, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Tixtla y Quechultenango.

De la Montaña Baja, Chilapa, Ahuacuotzingo, Zitlala, José Joaquín Herrera; y comunidades de los municipios de Olinalá y Ecatepec en la Montaña Alta.

En estas localidades operan distintos grupos que se disputan el trasiego y la siembra de la amapola y marihuana, entre ellos La Familia Michoacana, Tequileros, Guerreros Unidos, Los Rojos, el Cártel de la Sierra, Los Ardillos, La Barredora, El Cida y Nueva Generación.

De acuerdo con las autoridades estatales, la violencia que se ha desatado en estos dos primeros meses del año, no sólo ha traído como consecuencia muertos, sino también el cierre de escuelas de educación básica y centros de salud, así como secuestros y familias desplazadas.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), informó que desde hace un mes, unos 2 mil 500 niños de preescolar y primaria se encuentran sin clases debido a que al menos 21 centros educativos de Tierra Caliente están cerrados ante la amenaza de la delincuencia.

Carlos Botello, secretario de la Comisión Política de la Ceteg, afirmó que los profesores de estas escuelas, ubicadas en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, no acuden a dar clases porque los delincuentes les exigen hasta la mitad de su salario.

La Secretaría de Salud de Guerrero, afirma que 14 centros de comunidades de Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, están sin funcionar por amenazas del narco contra el personal médico.

En enero de este año, un grupo del crimen organizado secuestró a 30 personas, 25 en Arcelia y cinco profesores de una secundaria de la comunidad de Santana del Águila, del municipio de Ajuchitlán del Progreso.

En Arcelia 21 personas fueron dejadas en libertad y a cuatro las mataron los secuestradores.

En el caso de los maestros, sólo cuatro regresaron con vida luego de pagar un rescate de casi un millón de pesos cada uno.

En San Miguel Totolapan cinco personas que fueron secuestradas por un grupo armado desde 2014 siguen sin aparecer.

Otro que sigue desaparecido es el empresario de Ciudad Altamirano, Gustavo Borja, esposo de la síndico procurador del Ayuntamiento de Pungarabato, Rosalva Rendón, quien por amenazas y presiones de la delincuencia renunció al cargo.

Dejan comunidades

Derivado de la violencia que se ha agudizado desde 2012 en algunas zonas de Tierra Caliente, al menos unas 600 personas han tenido que salir de sus comunidades, de acuerdo con informes de la Secretaría General de Gobierno.

Algunos de ellos son habitantes de la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, en donde un grupo criminal asesinó a 25 integrantes de una familia en un lapso de cinco años.

La gente que salió de este pueblo se encuentran refugiados en poblados de los municipios de Ayutla de los Libres y Petatlán.

Otros grupos de desplazados de los municipios de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso se encuentran en albergues de Chilpancingo y Tecpan de Galeana.

En caso contrario, once familias que estaban en un albergue de Zitlala regresaron a su comunidad de donde salieron el pasado seis de enero luego de que un comando armado asesinó a balazos a seis personas en el área.

Se trata de la gente de la comunidad indígena Quetzalcoatlán que regresaron custodiados por elementos del Ejército y la Policía Estatal.

El acuerdo fue de que los pobladores de esta comunidad que pertenece al municipio de Zitlala tendrán el resguardo de la Policía Estatal de manera permanente.

La gente de esta comunidad estuvo más de dos meses viviendo en Zitlala.