Se dispara la violencia y continúa la impunidad contra la mujer en la vida política de México

Frente a la violencia política contra la mujer, evidente en los 38 casos registrados en el pasado proceso electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres propuso impulsar reformas que faciliten el castigo a los agresores.

“En un país democrático es aberrante y vergonzoso que mujeres que deciden ser parte de la vida política corran el riesgo de vivir violencia. (...) La violencia política existe. Se hizo evidente en el pasado proceso electoral. Necesitamos decirlo muy claramente: en México hay una violencia política de género. (...) La violencia política hacia las mujeres es una expresión del machismo que refleja una profunda misoginia.

“Desde siempre, las mujeres han sido víctimas de descalificaciones, humillaciones públicas, golpes, secuestros, amenazas y asesinatos, situación inadmisible que debe enfrentarse con todo el rigor de la ley. Para ello es fundamental impulsar reformas a la legislación electoral, conceptualizar la violencia política, definir sus alcances e implicaciones y delinear mecanismos que sancionen a quienes ejerzan este tipo de conductas hacia las mujeres”, planteó la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, durante un foro sobre violencia política organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, recordó que en el pasado proceso electoral hubo al menos 38 casos de violencia contra mujeres, frente a los dos registrados en 2012, y sobre base estimó que es un problema real el incremento de los casos de violencia política en contra de órganos electorales y en contra de las mujeres.

A tono con Lorena Cruz, el funcionario dijo que el marco normativo con el que cuenta la ley general en materia de delitos electorales todavía es omiso en poder regular de manera expresa, como conducta delictiva, las prácticas de violencia política de género.

“No sabemos con exactitud cuál es la cifra negra de los delitos no denunciados y esa es una asignatura pendiente que la Fepade tiene que enfrentar”, advirtió.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, consideró que es una preocupación universal, pero particularmente regional, dar a la mujer un marco mínimo de garantías que privilegie su seguridad y que garantice que los delitos que se cometen contra ellas serán perseguidos y sancionados.

“La impunidad de los delitos contra las mujeres --sostuvo-- es en sí misma un delito. Sin duda una sociedad que se encuentra en fase se consolidación democrática debe transitar, de manera imperativa, a un esquema de protección integral a la mujer en sus acciones y en sus programas, pero a su vez, en el rigor y fuerza que impone un sistema abierto e incluyente de justicia. No se trata de una concesión o privilegio, la igualdad de acceso a la justicia es, simplemente, el fundamento de la democracia y su defensa nos compete a todos en su conjunto”, aseveró.

Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, afirmó que años y años de violencia abierta, implícita e indirecta hacia las mujeres o directa, no pueden erradicarse en el corto plazo, sobre todo porque los cambios normativos en muchos casos avanzan con mayor rapidez, que la práctica política en cuanto tal junto con las mentalidades culturales.

“Por eso necesitamos un cambio de cultura cívica, un cambio que refleje el impacto de los nuevos enfoques de la educación cívica, que no requiera necesariamente reformas constitucionales para convertirse en nuevas actitudes en el día a día”, propuso.