Piden justicia un año después de masacre militar en México

Ninguno de los siete soldados detenidos ha sido declarado culpable en el caso

Un año después de que militares asesinasen a 15 personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado en un galpón en el sur de México, muchos creen que el caso continúa impune.

Ninguno de los siete soldados detenidos ha sido declarado culpable en el caso y solo la familia de una de las víctimas ha recibido una indemnización del gobierno.

A su vez, de los investigadores de la fiscalía a los que se acusó de encubrir por medio de torturas a los supervivientes, ninguno ha sido despedido ni acusado de nada, aunque al menos 20 de ellos se encuentran bajo investigación, según la Procuraduría General de la República.

La acusación sobre los militares ha avanzado con tanta lentitud que incluso el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, ha mostrado su frustración y quiere que avance.

"Se insiste en que el juicio se inicie", dijo al periódico El Universal. "Yo creo que es más que suficiente el tiempo para que ya se pueda concretar".

En noviembre se presentaron cargos contra tres soldados por homicidio agravado y otros cuatro, entre los que hay un teniente, están acusados de "acciones contrarias al servicio público" por no informar a su cadena jerárquica sobre las muertes.

El controvertido sistema legal mexicano, cambios constantes en el equipo de defensa y la lentitud de los investigadores han contribuido al estancamiento del caso.

Pero el Estado de México, donde sucedieron las muertes, ha cambiado de opinión varias veces. Primero elogió al ejército por enfrentarse a un grupo de supuestos criminales a los que creía miembros del narcotráfico.

Tres mujeres supervivientes que lograron escapar al tiroteo y las ejecuciones que siguieron mantienen que sufrieron torturas y fueron amenazadas por agentes de la fiscalía con el objetivo de que ratificasen la versión de los soldados. Pero ninguno de esos agentes ha sido despedido o acusado, aunque la fiscalía ha dicho que está cerca de concluir la investigación del caso.

Las tres supervivientes aún no cumplen las características para recibir una indemnización, aunque una de ellas perdió a su hija en el tiroteo y las otras dos estuvieron dos meses encarceladas bajo cargos de posesión de armas, los cuales fueron retirados posteriormente.

El gobierno estatal ha dicho que evalúa indemnizarlas, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pagará alrededor de 3,2 millones de dólares a las familias de las 22 víctimas. Entre 12 y 15 estaban desarmados o ya se habían rendido cuando recibieron los disparos, según revelaron las autopsias. Solo una de las familias ha recibido algún pago hasta ahora.

Las muertes, conocidas como el "caso Tatlaya" por el nombre del pueblo en el que sucedieron, salieron a la luz tras la publicación de una historia de The Associated Press en julio en la que se ponían de manifiesto contradicciones en la versión que dio el ejército sobre los hechos.

El caso es lo suficientemente grave como para que haya sido citado en el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre derechos humanos en diversos países de 2014, en el cual está incluido México. En el texto se señalaban "problemas significativos respecto a los derechos humanos, entre los que se incluye implicación militar en abusos serios por parte de ejército y policía como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones y abusos físicos".

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos creen que el ejército debe llegar hasta el final en este caso y que aún existen preguntas a las que no se ha dado respuesta sobre qué tan arriba en la cadena de mando ascendió el encubrimiento.

"Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia", afirmó Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.

"Solo después de reconocer la magnitud del problema que enfrenta, podrá el gobierno mexicano comenzar a abordarlo efectivamente", dijo Jose Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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