'Pacifican' a golpes; los grupos de choque cada vez son más comunes

'Pacifican' a golpes; los grupos de choque cada vez son más comunes

Los grupos de choque que son usados para evitar huelgas o juicios laborales están vigentes y diversificando sus actividades ilegales.

En el Distrito Federal, estos "rompe huelgas" se movilizan en conjuntos de hasta 200 personas y portan armas blancas, palos o cualquier tipo de objeto para amedrentar a trabajadores y a sus representantes legales.

Se cobijan bajo el paraguas del sindicalismo, ya sea de corte independiente o de una de las grandes centrales obreras.

Los miembros de estos grupos de choque se rentan por 300 a 500 pesos por llamado a romper una huelga o interrumpir una audiencia, y pueden actuar en Juntas locales o en las mismas instalaciones de las empresas, según fuentes sindicales que pidieron el anonimato.

"La gente la traen de colonias como la Buenos Aires, Doctores, Anáhuac, Bondojito o de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tultitlán", mencionaron.

Sin embargo, ahora también extorsionan a empresas, ofrecen "protección" en los juzgados, acuden a salas de conflictos individuales o se rentan para lanzamientos legales, informó Pablo Franco, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

"Son grupos que en su origen tenían la finalidad de impedir la libre organización de los trabajadores al servicio de las empresas, pero creo que han tenido una evolución; empiezan a moverse por su lado e incluso se vuelven en contra de sus propios patrocinadores al extorsionar a las propias empresas", explicó el funcionario.

Una manera de extorsionar es emplazar una huelga inexistente y cerrar la empresa. En algunos casos, son instrumentos de abogados patronales para generar conflictos artificiales.

"Por lo general las empresas entran en el juego por recomendación de sus abogados y ahí termina el conflicto", dijo Franco.

Llegan a pedir hasta 3 millones de pesos, según las fuentes sindicales, a cambio de apagar el supuesto conflicto laboral. Las constructoras son un blanco frecuente.

El año pasado se recibieron 752 expedientes de emplazamiento a huelga en la JLCA y en más de 50 por ciento de los casos se desistieron antes de que hubiera cualquier actuación y sólo en 7 hubo movimiento de huelga, precisó Franco.

"Esto significa que su objetivo no era obtener un contrato colectivo de trabajo", sino obtener dinero, afirmó.

Algunos grupos ni siquiera emplazan a huelga, sino que amenazan con cerrar la empresa y los patrones prefieren negociar.

También asisten a las salas de conflictos individuales, donde se llevan a cabo las audiencias en la barandilla, se meten y amenazan al trabajador para que desista de su demanda.

"Es un trabajo discreto de intimidación, el trabajador se retira y entonces estos grupos le cobran al patrón", describió.

Todavía utilizan los métodos a la vieja usanza.

En abril pasado, cuando abogados de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas, que representa a 49 trabajadores que fueron despedidos del restaurante Meridiem, se presentaron a una audiencia ante la Junta Local, ya los esperaba un grupo perteneciente a la CROC, que les disputaba la representatividad de los empleados.

Entre 20 y 30 personas ingresaron a Junta y confrontaron al abogado Leopoldo Galicia para evitar una audiencia, otro contingente numeroso se quedó en la parte externa, con mantas de la CROC.

El grupo que irrumpió en la Junta golpeó al abogado y éste tuvo que ser atendido en un hospital. Sólo dos de los agresores fueron detenidos.

"Ese día traían un contingente como de 80 personas. Escuché cómo uno de ellos dijo que había que informarle al Senador, que es Isaías González Cuevas; es el que comanda a toda esta gente de la CROC", subrayó Franco.

Las fuentes sindicales advirtieron que estos grupos ya han cobrado víctimas mortales.

En marzo del año pasado, dos sujetos en una motocicleta, presuntos miembros de Asamblea de Barrios, agredieron a unas personas que se manifestaban afuera de una sucursal de la empresa de azulejos Llano de la Torre. Una murió.

Entre las agrupaciones sindicales que enfrentan averiguaciones judiciales se cuentan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Fabricación de Materiales para la Construcción y el Sindicato "Lic. Luis Donaldo Colosio" de Trabajadores y Empleados de la Industria Alimenticia en General de la República Mexicana.

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