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Más de 400 ejecutados en 100 días de gobierno de Héctor Astudillo en Guerrero

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El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, cumplió el miércoles 100 días de Gobierno, con un saldo de más de 400 ejecuciones presuntamente vinculadas a grupos del crimen organizado.

Desde la llegada a la gubernatura del priista, el 27 de octubre, se han reportado 406 víctimas de narcoejecuciones en 31 de los 81 municipios del estado.

Destaca el caso de Acapulco, con 158 ejecuciones, seguido de Chilpancingo, con 49 y de Chilapa, con 33, de acuerdo con datos del Ejecutómetro de Grupo Reforma.

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En estos 100 días de la Administración de Astudillo se han encontrado 32 cuerpos en fosas clandestinas, la mayoría de ellos en el predio El Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo, pero también en las demarcaciones de Eduardo Neri, Tixtla, Cuetzala del Progreso, Chilpancingo y Chilapa.

Entre las víctimas en este periodo se cuentan 13 funcionarios municipales y estatales, entre ellos una decena de policías.

Los políticos tampoco se han salvado en esta ola de violencia que azota el estado: el 16 de noviembre fue ejecutado en Acapulco, Felipe Loyo Malabar, ex director de Gobierno de ese municipio durante la Administración Luis Walton Aburto. Y el 3 de noviembre fue asesinado el regidor de San Miguel Totolapan, Roberto García.

En Iguala, donde fueron atacados y desaparecidos los estudiantes de la normal de Ayotiznapa, se han registrado al menos 12 ejecuciones en distintos hechos en estos 100 días.

En Zitlala, una localidad cercana a Chilapa, en la región de la Montaña baja, se han registrado 12 homicidios, vinculados a la pelea entre los grupos criminales conocidos como Los Rojos y Los Ardillos.

Las peleas entre grupos criminales también han azotado a comunidades en la región de Tierra Caliente. Apenas el sábado pasado, nueve personas murieron en un pueblo de Coyuca de Catalán en medio de una fiesta de 15 años, en la que, según las autoridades, había una reunión de grupos narcotraficantes.

En esa misma zona, en Arcelia, fueron secuestradas en enero más de 20 personas y liberadas después de días de cautiverio, mientras que en Ajuchitlán, fueron privados de su libertada cinco maestros quienes también fueron dejados en libertad.

La violencia en el estado no se ha detenido pese a los operativos federales y el despliegue de miles de elementos de Policía Federal, Gendarmería, Ejército y Marina.

Los crímenes azotan también a la zona de periferia de Acapulco, donde decenas de escuelas incluso han suspendido clases por inseguridad.

La violencia se registra en medio de una crisis en las corporaciones de seguridad pública del estado y en las principales ciudades, donde la mayoría de los elementos no cumplen con los requisitos que exige la ley.

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