Guardería ABC: seis años de dolor, complicidad política e impunidad

Emilia tiene la sonrisa amplia de una niña confiada y feliz. Los ojos negros, ligeramente rasgados, también parecen sonreír bajo las dos cejas negras y espesas. El pelo largo, lacio, obscuro, está coronado por una diadema con un moño enorme, a juego con el vestido brillante de grandes lunares. Parecería imposible no sonreír al verla.

Desde una enorme fotografía de un metro por lado, Emilia observa con sus ojos alegres a los que caminan por la avenida Paseo de la Reforma de esta ciudad. Quienes ven la imagen detienen el paso un momento y no pueden evitar un rictus de dolor. Cargando la foto, con la mirada retadora clavada al frente, avanza Abraham Fraijo, el padre de Emilia: el mismo cabello obscuro, las mismas cejas espesas; pero con el rostro endurecido a fuerza de seis años de dolor e impunidad tras el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que mató a su hija de tres años de edad.

La de Emilia es una de las 49 fotografías de los niños que perdieron la vida en el incendio, y que este viernes 5 de junio avanzaron lentamente desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino como parte de la Marcha Solemne de los 49: un recorrido a paso lento, silencioso, al ritmo acompasado de un tambor que con cada golpe recordaba los nombres: Adriana Aragón, Bryan Alexander Méndez, Nayeli Estefanía González, Julio César Márquez. Niños de entre cinco meses y cinco años de edad que murieron quemados al propagarse un incendio de una bodega aledaña a la estancia infantil de operación privada, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS). Un inmueble que violaba las normas de seguridad, que era responsabilidad del Estado, y por el cual no hay ninguna persona bajo proceso judicial: de un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todos fueron exonerados.

A su paso, Abraham Fraijo recibe los abrazos solidarios y las frases de aliento de la gente. No sonríe. Dice algunas palabras amables de agradecimiento, explica la situación legal de las demandas que desde hace seis años dan vueltas en oficinas y cortes; habla del fracaso en el intento de que haya un castigo para los culpables; se duele del olvido que, desde su ausencia en estas marchas, lanza una buena parte de la sociedad. Y se indigna –la mandíbula apretada, las palabras atropelladas– por la dolorosa y desvergonzada impunidad.

Sin castigo

En México, los servicios de guardería y cuidado infantil para hijos e hijas de madres beneficiarias de la seguridad social se encuentran a cargo del IMSS. Al mes de junio de 2009, cuando ocurrió el incendio de la Guardería ABC –en el que además de los 49 niños muertos, otros 106 resultaron heridos–, el IMSS contaba con 134 guarderías convencionales y mil 500 bajo el modelo de subrogación, es decir, concesionadas a particulares con estándares definidos por el propio instituto.

Tras el incendio, y al iniciarse las investigaciones en el inmueble que albergaba a la guardería, la SCJN indicó en un informe preliminar que no se había encontrado evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales hubieran realizado visitas de inspección a la estancia infantil ni a la bodega aledaña, donde inició el fuego, y determinó que existía “un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia o supervisión”. La mitad de las guarderías, explica el documento, carecía de la constancia de protección civil vigente y sólo 407 contaban con el visto bueno de los bomberos locales. Más de 220 mil niños estaban a cargo de guarderías del IMSS. Según el dictamen de la SCJN, existió una conexión directa entre el panorama irregular de las guarderías subrogadas y el incendio en la Guardería ABC.

Durante los meses posteriores fueron removidos de sus cargos varios de los funcionarios del IMSS involucrados en el caso: el delegado en Sonora, las coordinadoras nacional, estatal y local de Guarderías, y el jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales. Pero salvo estas imputaciones de funcionarios menores, ninguno de los cuales fue encarcelado, los responsables políticos del caso siguen impunes. Entre los copropietarios de la Guardería ABC se encontraban familiares de integrantes del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y de la esposa del entonces presidente de México, Margarita Zavala; ninguna instancia federal o estatal se atrevió a iniciar un proceso contra estos funcionarios. El entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas –quien falleció en días recientes por motivos de salud– tampoco fue llevado ante la justicia.

“Esa es la justicia que hay. Esa es la constante del caso de la Guardería ABC: premiar a los que defienden a los asesinos de niños con puestos políticos que alcanzan fuero”, dice Abraham, el padre de Emilia.

Al pie del Ángel de la Independencia ya se han reunido cerca de 300 personas para acompañar a la marcha. 49 banderas rosas y azules, una por cada niño y niña muertos en el incendio, se distribuyen alrededor del monumento en espera de que lleguen las fotografías para iniciar. En tanto, Abraham explica su indignación hacia la clase política mexicana, tanto en Sonora como a nivel federal.

“Hay una situación muy desalentadora para los electores”, dice refiriéndose a la elección de gobernador en Sonora, a celebrarse este domingo 7 de enero. Claudia Pavlovich, la candidata por el PRI, era diputada local en 2009, cuando ocurrió el incendio; su partido gobernaba el estado. Desde esa posición, Pavlovich se sumó a un grupo de personas influyentes que enviaron cartas a los ministros de la SCJN en apoyo a los responsables que estaban siendo investigados.

“Claudia envió cartas respaldando a dos de ellos. Los avalaron como personas de gran calidad moral ante los jueces, y esto sirvió para que cambiaran su estatus jurídico”, explica Abraham. “Habían sido indiciados por el cargo de homicidio doloso, que no alcanza fianza; después de estas cartas se les cambió a homicidio culposo. Alcanzaron fianzas de menos de tres mil pesos”.

Menos de tres mil pesos, 150 dólares, para salir de la cárcel tras la muerte de 49 niños. En los años posteriores Pavlovich obtuvo cargos como presidenta de su partido en Sonora, como senadora plurinominal, y este fin de semana podría ser electa gobernadora del estado.

“Es decir, yo desde 2009 le estoy pagando a alguien que protegió a una persona que asesinó a mi hija. Y posiblemente hasta me la pongan de gobernadora”, dice Abraham lívido de rabia. “Si permitimos que eso suceda, ya no tenemos salvación”.

Solidaridad

Alineadas a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, las 49 fotos están por iniciar su marcha al corazón de la ciudad de México. Dos personas, una de cada lado, sostienen cada una de las imágenes desde donde los rostros infantiles de Ana Paula, Andrés, Javier, María Fernanda, Emily, Germán, Ian, recuerdan que los 49 que murieron apenas empezaban a vivir.

Al frente del contingente, un grupo de familiares de los niños y ciudadanos solidarios reciben una visita inesperada: un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha llegado para sumarse a la marcha. El largo abrazo entre los padres, cada uno portando la foto de un hijo que ya no está, forma un nudo en la garganta de los presentes.

A lo largo de la marcha, a pasos lentos, a golpe de tambor, los habitantes de esta ciudad van asumiendo actitudes respetuosas, gestos amables con quienes marchan. A dos días de que se celebren las elecciones del 7 de junio [hoy], el paso de las fotografías se encima con las imágenes de políticos en los que los ciudadanos ya no creen, y con los llamados a anular el voto, o de plano a no votar. A la mitad del camino el contingente ya ha aumentado un par de cientos.

Frente al monumento +43, instalado hace unas semanas en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, uno de los puntos estratégicos de la ciudad, los manifestantes hacen un alto y se hace un pase de lista de los 43 normalistas. Los asistentes, como en una poesía coral, responden a dos voces a cada uno de los nombres: “¡Presente!”. “¡Vivo lo queremos!”.

Abraham mantiene el gesto inmóvil. Antes de empezar la marcha ha reconocido que, aunque aún hay un proceso legal en marcha, no tiene esperanza de que se le finque responsabilidad por la muerte de su hija a ningún alto funcionario. Por eso algunos padres de familia ya presentaron un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, dice, resistirá el nuevo proceso, que se adivina largo y burocrático. “Pero apuesto a que habrá sensibilidad gracias al apoyo de la gente”, dice en un esfuerzo de optimismo.

A su llegada al Zócalo, el grupo es recibido por un coro y una orquesta. Las 49 fotografías son colocadas una junta otra frente al Palacio Nacional, mientras da inicio otro pase de lista, esta vez de los niños víctimas de la negligencia gubernamental en el caso ABC: los nombres de Jorge Sebastián, Juan Carlos, Luis, María Magdalena, Fátima Sofía, Camila, Dafne, Daniel, Axel, resuenan en los oídos de los granaderos capitalinos que están listos para blindar el centro de la ciudad ante la amenaza de protestas durante la jornada electoral.