Delitos relacionados al crimen organizado podrían ser considerados contra la humanidad

Delitos que ocurren en México relacionados con el combate al crimen organizado podrían ser considerados crímenes contra la humanidad, coincidieron especialistas en un foro realizado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los ponentes destacaron en la discusión el rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores al término “tortura generalizada”, empleado por el Relator de la ONU, Juan Méndez, por su connotación de crimen de lesa humanidad en el derecho internacional.

Darryl Robinson, profesor de la Universidad de Queen en Ontario, explicó que los crímenes contra la humanidad son ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil, que tienen algún grado de conexión y que no necesariamente son perpetrados por agentes del estado, sino también por organizaciones terroristas o criminales que causan un daño significativo a civiles.

“En 2006, cuando alguien por primera vez me sugirió que la situación de México podría ser un crimen contra la humanidad, mi primera reacción fue perplejidad, porque todo mundo sabe que México enfrenta una violencia relacionada con drogas y que el Estado intenta combatirla.

“Pero no tienen que ser cosas separadas: algo puede ser crimen organizado y al mismo tiempo un crimen contra la humanidad. Eso es posible”, expresó.

Dijo que en los crímenes contra la humanidad no importan los motivos que argumente el Estado para justificarlos, como el combate al narcotráfico, lo que es relevante es el daño contra la población civil.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), advirtió que hay elementos para argumentar que en México se cometen crímenes contra la humanidad, por lo que en septiembre de 2014, la organización envió una comunicación a la Corte Penal Internacional (CPI), con información de 95 casos documentados de tortura en el estado de Baja California.

Señaló que Juan Méndez no ha sido el único experto internacional en utilizar el término “generalizado”, sino que también lo usaron el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y por el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

Indicó que la CMDPDH ha documentado casos en los que los responsables son agentes del Estado, información que acredita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones.

“Si analizan las recomendaciones, los patrones son muy similares.

“Creemos que los actos de asesinatos, torturas, desaparición forzada, no son aislados sino que forman parte de este plan o política para destruir, neutralizar o atacar a la delincuencia organizada”, expresó.

Dijo que es importante configurar estos crímenes de lesa humanidad porque las instituciones mexicanas no han dado respuesta para investigarlos.

“Que exista una investigación preliminar en la CPI le va a ayudar al Gobierno a tomar la decisión para generar políticas e instituciones que puedan hacer frente al combate a la impunidad”, refirió.