Corrupción: redes, no personas

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe contar con mecanismos robustos de investigación, sanción y reparación del daño; debe combatir redes, no sólo individuos.

La suerte de Miguel Ángel Ortega Habib, ex secretario de Finanzas de Oaxaca y amigo personal del entonces gobernador Ulises Ruiz, cambió radicalmente cuando su partido perdió la gubernatura del estado. Fue entonces que se dio a conocer el inicio de una investigación por desvío de recursos por más de 1,200 millones de pesos que se sumaría a un listado de delitos, como abuso de autoridad, peculado y ejercicio indebido de funciones, que lo mantienen prófugo de la justicia hasta hoy en día. La historia de Rosa Orozco, trabajadora doméstica de la familia, sería muy distinta. Acusada de participar en una red de corrupción, la ex empleada de confianza de la familia no pudo justificar que en su cuenta bancaria personal hubiera depósitos millonarios, por lo que ahora está presa en el penal de Puente Grande, Jalisco, bajo cargos de evasión fiscal y manejo de recursos de procedencia ilícita.

Este caso es uno de muchos que muestran la debilidad de nuestro sistema político cuando se trata de proteger los bienes públicos o, dicho de otra forma, explica por qué ante los actos de corrupción prevalece la impunidad y la pasividad institucional. Hasta ahora, el sistema de responsabilidades mexicano se limita a enunciar un catálogo de obligaciones, un conjunto de procedimientos sancionatorios y una serie de delitos imputables a servidores públicos que cuando se llegan a activar generan, o sanciones en faltas de menor gravedad (como negligencia administrativa, omisión en la presentación de la declaración patrimonial o violación a las leyes presupuestarias) o exigencia de responsabilidades al último eslabón de la cadena de mando muchas veces sujeto a los humores y ética del jefe en turno. Por lo general, este sistema se activa —cuando se activa— bajo una fuerte dosis de revancha política y no tras un proceso de interiorización de prácticas y comportamientos favorables a la rendición de cuentas, inspirados en lograr la probidad de los funcionarios, generar confianza en las instituciones y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales.

El sistema, como está ahora, no favorece la detección de “focos rojos”, entre otras cosas porque no existe suficiente claridad sobre los delitos de corrupción y porque está diseñado sobre la lógica del castigo a conductas individuales. Sí existe, en cambio, una idea en cuanto al daño económico, social y político que genera la corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en mayo de este año, cuenta con los principios y bases para desarrollar los medios normativos e institucionales para prevenir, detectar, corregir y sancionar actos de corrupción. Sin embargo, si no se asume que la responsabilidad pública es la columna vertebral de esta reforma, el SNA podría ser un cascarón vacío.

Para evitarlo, 40 organizaciones convocadas por la Red por la Rendición de Cuentas dieron a conocer un manifiesto orientado a modificar la lógica del sistema. En éste se asume que la corrupción es un problema de redes y no de personas, que el funcionamiento de estas redes causan un daño al patrimonio del país profundizando la ya marcada desigualdad, que para desmantelarlas se requieren mecanismos robustos de investigación para la sanción y reparación del daño, y que éstos deben de poder activarse mediante mecanismos eficientes de vigilancia institucional y social.

Para profundizar en esta propuesta se llevó a cabo un Seminario internacional centrado en la vinculación entre responsabilidad pública y rendición de cuentas como una prioridad política. Con la participación de expertos nacionales e internacionales se analizaron estudios, experiencias y casos que permitan esbozar una ruta de exigencia de responsabilidades en sociedades complejas como la mexicana. La responsabilidad pública, como lo indica el origen de la palabra, significa dar respuestas, por lo que se requiere convicción personal y compromiso público con los resultados y efectos producidos por la acción u omisión del encargo público.