Caen los primeros tres funcionarios carcelarios a consecuencias de la fuga del "Chapo"

Caen los primeros tres funcionarios carcelarios a consecuencias de la fuga del "Chapo"

La fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán el fin de semana cobró el lunes sus tres primeras víctimas políticas, todos funcionarios del ámbito penitenciario y ningún responsable de primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cesó al máximo responsable de los centros penitenciarios del país, a la coordinadora de las cárceles federales y al director del penal de máxima seguridad del que se escapó el narcotraficante, quien —dijo el funcionario— "tuvo que haber contado con la complicidad" de funcionarios de la prisión.

Los cesados, aclaró, son personas con relación "directa" con los hechos que "de entrada tenían algo que ver o mucho que ver y por eso se tomó la decisión".

Osorio Chong, número dos del gobierno mexicano, calificó la fuga como "un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos", pero limitó el alcance de esta corrupción al entorno de la cárcel y dijo que no era la hora de hablar de dimisiones. "Los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos", manifestó para después reconocer que "las acciones de algunos manchan los esfuerzos de todas las instituciones".

El titular de Interior aseguró, no obstante, que "no habrá lugar para la impunidad". "Todo funcionario público federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos, será castigado. Caerán todos los involucrados en esta fuga", sentenció.

En una conferencia de prensa ofrecida el lunes por la noche, Osorio Chong subrayó que el penal cumplía con certificaciones internacionales iguales a las que tienen penales similares de EEUU. Indicó que disponía de 750 cámaras de video y 26 filtros de seguridad, entre otras medidas, y que elementos de la Policía Federal y del ejército controlaban el perímetro carcelario.

Con el Chapo había, además, un "doble cuidado" con cámaras adicionales y un brazalete que registraba su ubicación dentro del penal, pero que no contaba con GPS porque esa tecnología no está permitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El dispositivo se desconectó al entrar en el túnel.

Osorio Chong garantizó que se cumplieron todos los protocolos de seguridad y que se activaron justo cuando el capo inició su huida, un momento que fue captado parcialmente por el sistema de monitoreo instalado en su celda, que solo tenía dos puntos ciegos para garantizar sus derechos.

En este sentido, se comprometió a hacer públicos todos los protocolos con horarios de reacción que están "totalmente documentados", y el video en el que "se alcanza a ver el momento en el que se inicia la fuga" por el sofisticado túnel. Guzmán fue rompiendo a su paso la iluminación de su ruta de escape, lo que ralentizó los movimientos de las fuerzas de seguridad que iban tras él para capturarlo.

El objetivo del gobierno, agregó, es investigar, sancionar a los culpables y recapturar al "Chapo" usando todos los medios posibles. La fiscalía general ofrece una recompensa de 60 millones de pesos (casi 4 millones de dólares) para quien brinde información sobre su paradero y apeló a la participación ciudadana, aunque Osorio Chong dijo entender que los mexicanos tengan "gran molestia" ante este suceso.

Además, se lanzó una alerta de búsqueda a través de Interpol en más de cien países, con una colaboración especial de EEUU, Guatemala y Belice.

Hasta el momento han declarado en la fiscalía general 34 personas que trabajaban en la cárcel, cuya situación jurídica todavía debe determinarse, y también se ha interrogado a 17 internos recluidos en estancias próximas a la celda del "Chapo".

Asimismo, la procuraduría ha solicitado análisis periciales a ingenieros, arquitectos, fotógrafos y expertos en videos, y considera posible que toda la tierra originada por la excavación del túnel se ocultara en la casa en la que este desembocaba.

El titular de Gobernación adelantó que una vez concluya la investigación se presentarán propuestas para una revisión completa del sistema penitenciario, con especial atención a los elementos que han fallado, y añadió que esta crisis es también un "momento de oportunidad" para corregir errores.

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