Indígenas mexicanas recurren a tribunales para lograr atención a embarazos
Alejandra vive en Nahá, una comunidad de la sierra de Chiapas, en el sur de México, sin los recursos necesarios para seguir su embarazo, considerado de riesgo; acudir a la justicia ha sido la única solución que ha encontrado esta mujer indígena para poder recibir la asistencia que necesita.
Tanto ella como el resto de los aproximadamente 300 habitantes de la comunidad cuentan con una Unidad Médica Rural que, además, atiende a otras poblaciones de los alrededores.
Alejandra lleva el control prenatal en este centro, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero este cuenta con deficiencias como el desabasto de medicamentos y la falta de equipo y personal especializado.
La joven de 23 años empezó a recibir asesoría legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) el pasado febrero, cuando cursaba la semana 22 de embarazo.
Su situación es especialmente delicada, dado que sufre una cardiopatía que le podría traer complicaciones a la hora del parto, cuya fecha está próxima.
Nahá está ubicado en el corazón de la Selva Lacandona. La mayoría de sus habitantes son indígenas lacandones y se dedican al cuidado de la reserva natural.
En la Unidad Rural trabajan un médico, un enfermero y un auxiliar de enfermería que dan atención algunos días a la semana.
Desde la comunidad, es complicado acceder a un hospital. Los más cercanos son los de Ocosingo o Palenque, y para llegar se requiere un trayecto de aproximadamente cuatro horas.
La comunidad tampoco tiene fácil usar el transporte público para ir a estos hospitales -solo hay un autobús que pasa dos veces al día- y la ambulancia del centro médico lleva años sin estar operativa porque no cuenta con recursos económicos para ello.
Alex Alí Méndez, quien ha seguido el amparo como coordinador del área de litigo del GIRE, afirma a Efe que cuando conocieron a Alejandra se planteó que era necesario “acudir ante un juez que diera la orden para que la atendieran una vez llegara el momento del parto”.
Tanto su demanda de amparo como las de otras cuatro mujeres embarazadas de Nahá fueron presentadas ante un juzgado federal, que emitió una resolución a favor de Alejandra.
En el dictamen, el juez obligó al director de la Unidad Médica Rural y a la delegación del IMSS en Chiapas a brindar “atención integral” a la embarazada, contratar a un médico especialista en ginecología y obstetricia en Nahá, y adquirir una ambulancia “equipada y funcional para los traslados”, entre otras medidas.
La resolución judicial es “un llamado a que las autoridades actúen, para garantizar el derecho a la salud, a la integridad física” y que no se ponga en peligro la vida de Alejandra, asegura Méndez.
Agrega que este tipo de litigios lo que buscan es “generar cambios estructurales en las políticas públicas para que se ponga una mayor atención en estos sectores de la población”.
En el sur del país -apunta el abogado- hay una fuerte presencia de comunidades indígenas, así como “un mayor rezago en términos de infraestructura hospitalaria para atender las necesidades de las mujeres embarazadas”.
En la región se concentran los estados con mayores niveles de pobreza. En Chiapas y Oaxaca, el 77 % y el 70,4 % de la población, respectivamente, afronta este problema, de acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además, la situación de las comunidades de hablantes de lengua indígena refleja el abismo de la desigualdad que persiste en el país.
El 77,6 % de personas indígenas vive en la pobreza, un porcentaje alejado del 41 % que atañe a la población no indígena.
Méndez argumenta que las medidas decretadas por el amparo judicial no solo beneficiarán a los habitantes de Nahá, sino también a todas aquellas personas de los alrededores -cerca de 3,000- que tienen que desplazarse a ese lugar para la atención médica.
“Esas comunidades incluso podríamos decir que están en una situación mucho más compleja, porque no tienen unidad médica ahí”, recuerda el abogado.
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