Ser hombre adulto o niño exmarero, un obstáculo para obtener asilo en México

Los hombres adultos y los menores de edad que pertenecieron a las pandillas que operan en Centroamérica son los que tienen más dificultades para obtener asilo en México, reveló un informe presentado hoy en la Ciudad de México.

La Universidad Iberoamericana, el Centro Jurídico para Refugiados Alaíde Foppa y el Centro de Derechos Humanos de Fray Matías de Córdova elaboró un documento en el que analiza las resoluciones de primera instancia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

“Tenemos una realidad de personas refugiadas muchísimo mayor de la que podíamos tener antes”, dijo el director del Centro Fray Matías de Córdova, Diego Lorente, al presentar el informe preliminar “La interpretación y aplicación del derecho internacional y nacional de los refugiados en México”.

“Los casos no son simples papeles”. “Estamos frente a una crisis de derechos humanos”, lamentó Lorente, quien denunció que “el trauma” con el que vienen los migrantes aumenta con la desatención que reciben cuando llegan a México.

Parte de esta desatención se ve reflejada en la ausencia de programas de integración local y en el aumento de control migratorio por parta del Estado mexicano con la implementación del Plan Frontera Sur, factores que dificultan el procedimiento de solicitud de asilo.

El informe revisó 45 resoluciones de solicitud de asilo -individuales o grupales- de 94 personas elegidas de manera aleatoria y divididas según género, su condición sexual, si eran o no menores de edad y si pertenecían o no a una mara o realizaban actividades criminales.

Uno de los hallazgos de la investigación, que se presentará de forma completa a principios de 2018, es que “no existe una lógica jurídica en la manera en que la Comar atiende y resuelve las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado”.

El estudio advierte “una falta de lógica en algunas resoluciones y una mecanización del proceso de resolución o falta de preparación en el adjudicador” y señala “una constante contradicción en resoluciones negativas”.

En diversas resoluciones se observa la existencia de un sesgo que genera discriminación por razones de edad y/o género. Por ejemplo, los hombres mayores de edad que solicitan el asilo en México parecen enfrentar más obstáculos para ser reconocidos como refugiados, al igual que los menores que pertenecieron a pandillas.

La investigación destaca que a los tres pertenecientes a la población ex mara, dos de ellos menores de edad, se les negó el asilo, y en el caso de los hombres, solo 11 de 49 fueron reconocidos.

En ese sentido, la directora de Alaíde Floppa, Elba Coria Márquez, señaló que la cláusula de exclusión por haber cometido un delito en su país de origen debería estar precedida por el interés superior de la niñez y respetar el principio de no devolución para que no volviera al país de donde huyó.

En el caso de los hombres adultos, señaló a Efe que “han quedado como una población que no tiene una vulnerabilidad”, en parte por la necesidad de atender a víctimas de trata, de delito, adolescentes y mujeres.

En cuanto a las mujeres, de las 35 solicitantes únicamente siete recibieron el asilo.

El director Jurídico y de Transparencia de la Comar, Jesús Manuel Sierra, dijo a Efe que en 2016 hubo casi 9.000 solicitantes de asilo y que solamente hay entre 20 y 25 funcionarios que atienden directamente a estas personas.

Además, señaló que la Comar empezó a colaborar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México para llevar a cabo el Plan de Acción de Brasil, una hoja de ruta para fortalecer la protección de los refugiados, desplazados y apátridas en América Latina y el Caribe.

Asimismo, el oficial asistente de Protección de la Oficina en México de ACNUR, Ignacio López, detalló que la entidad reconoció el 62 % de las solicitudes de asilo en México, una cifra que consideró “insuficiente”, y anunció que pretenden “incrementar mecanismos para ampliar la esfera de protección”.

De acuerdo con las cifras de la Comar, el país pasó de recibir 3.424 solicitantes en 2015 a 8.781 en 2016, lo que supone un aumento del 156,4 %.