'Termina una década de suplicio' con el fin de la 287 (g) en el condado de Los Ángeles

Supervisores votan a favor de terminar la 287 (g)

Desde el 2005, los agentes federales de inmigración han trabajado con el condado de Los Ángeles para determinar si los reclusos en sus cárceles son indocumentados en el país para luego deportarlos. Sin embargo, esta practica ya es historia.

Este martes, los supervisores del condado votaron 3-2 a favor de terminar el programa 287 (g), el cual permitía a algunos agentes del sheriff desempeñarse como agentes de inmigración.

Los supervisores Hilda Solís y Mark Ridley-Thomas presentaron la moción para poner fin al programa con el apoyo de la supervisora Sheila Kuehl. Por su parte, los supervisores Don Knabe y Michael Antonovich votaron en contra.

Tras el acontecimiento, las respuestas positivas, la gratitud y los elogios de varios activistas pro-inmigrantes no se hicieron esperar.

“Felicitamos el liderazgo de la nueva supervisora Hilda Solís, la cual al poco tiempo de tomar su puesto llegó a componer el garrafal histórico que la antigua supervisora Gloria Molina dejó al extender el acuerdo con las autoridades de inmigración el año pasado”, dijo”, Juan José Gutierrez, presidente de la organización Vamos Unidos USA.

“Molina en mi opinión fue insensible a las peticiones de la comunidad. Por su parte, Solís llega a traer una cultura sensible mientras que los supervisores Ridley-Thomas y Kuehl promueven esa diferencia”, señaló Gutierrez.

No obstante, los activistas pidieron también a la comunidad apoyar la terminación del 287 (g) con un buen comportamiento ante las autoridades para evitar futuros roses.

Por su parte, Dolores Huerta, líder de los derechos cívicos, remarcó que “la terminación de este programa es un paso gigante al buen trato de nuestros inmigrantes”.

Igualmente, Francisco Moreno, director de comunidades del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) destacó el voto como un triunfo.

“Con esta acción de los supervisores, las acciones a favor de la comunidad pro-inmigrante del actual alcalde Eric Garcetti y el gobernador Jerry Brown, California se confirma como un estado santuario”, dijo Moreno.

“Con la 287 (g), se criminalizó a la comunidad inmigrante sin documentos durante 10 años. La mayoría de estos eran personas trabajadoras que cometían pequeños errores como el de vender en la calle o no pagar una infracción. Las familias eran separadas y este fantasma que nos perseguía tenía que parar”, sostuvo Moreno.

El activista declaró que con el voto, se ‘termina una década de suplicio’. No obstante, enfatizó que este es un buen momento para que la comunidad agradezca la decisión de los supervisores y haga un examen de conciencia sobre sus acciones ante la ley.

“No le busquemos tres pies al gato y obedezcamos las leyes”, agregó.

En años recientes, el número de agencias de la ley que aún trabajan en conjunto con ICE, ha disminuido de 75 a 35 en toda la nación. En California, solamente el condado de Orange continúa con el programa.

Otra organización que le dio la bienvenida al resultado del voto fue Hermandad Mexicana Nacional.

“Estamos contentos después de la votación que muestra finalmente la representación de la mayoría de familias latinas en el condado de Los Ángeles”, indicó Raúl Murillo, presidente.

“La terminación de la 287 (g) le trae a la comunidad un gran alivio y paz. Esperamos que la nueva política solo se limite a las deportaciones de criminales peligrosos”, enfatizó Murillo.

Aunque la mayoría de activistas locales le dieron la bienvenida a la moción, Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, se mostró parcialmente preocupada.

“Es un día raro cuando la junta de supervisores toma un paso a favor de la inmigración y otros tres pasos atrás (al mismo tiempo)”, dijo Salas. Ya que con el voto le ha cerrado las puertas a las desgracias de la deportación, pero ha dejado las ventanas abiertas al programa PEP para que lo reemplace.

Y es que la moción de Solís estipula que los supervisores aún tienen el compromiso de “continuar operando” con las agencias federales en las cárceles locales con la orden PEP.

La iniciativa que lleva el nombre de Programa de Control de Prioridad (PEP), fue creada por el presidente Obama el año pasado para reemplazar el programa de Comunidades Seguras.

Bajo Comunidades Seguras, los funcionarios de ICE le pedían a las cárceles mantener a los reclusos que pensaban que eran indocumentados, en la cárcel para luego transferirlos a los centros de deportación. Ahora, bajo el nuevo programa, las cárceles solo pueden alertar a los oficiales de ICE sobre las liberaciones de posibles inmigrantes indocumentados.

En su página web la supervisora Solís indica que: “no estamos respaldando plenamente PEP. El programa PEP existe independientemente si estamos de acuerdo en este o no. Nuestra mayor preocupación es mejorar la seguridad pública y si eso significa trabajar para asegurarse de que PEP se implementa con las necesidades únicas de nuestra comunidad, entonces eso es lo que tiene que ocurrir”.

En su declaración, Jim McDonnell, Sheriff del departamento, dijo que en caso de que la moción sea aprobada, él le dará la bienvenida a la oportunidad de “desarrollar políticas y procedimientos que equilibren adecuadamente tanto la promoción la seguridad pública como el fortalecimiento de la confianza dentro de las comunidades multiétnicas que componen el condado de Los Ángeles”.

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