Primero llegaron las amenazas de muerte, luego el temor de ser deportado

En el momento que escuchó al pandillero hablar sobre su hija y decir lo grande y bonita que se estaba poniendo, María supo que no podía esperar más.

Después de todo, ya llevaba seis meses pagando extorción a una pandilla y ahora llegaba otra, pero además amenazando la seguridad de su única hija de 14 años.

Desde ese día, 17 de marzo de 2015, María ya no pudo dormir con tranquilidad y mucho menos andar en la calle sin desconfiar de cualquier mirada.

En ese tiempo los asesinatos en El Salvador estaban a la alza y en diciembre del 2015 terminaron rompiendo récord en todo Centroamérica. El país alcanzó los 6,650 homicidios, o sea, un promedio de 103 asesinatos por cada 100,000, y una gran mayoría de ellos derivados de las pandillas, según la fiscalía salvadoreña. Esta cifra ubicó al país como uno de los más violentos del mundo.

“Todas y todos sabemos en qué territorio estamos ubicados, de la Mara Salvatrucha o de la 18. Aunque la táctica de las dos pandillas es no afectar a los habitantes de sus territorios de dominio, pero si los jóvenes van de visita a otra colonia del bando contrario están expuestos a que lo asalten, golpeen y hasta los maten, la situación más dura es para los jóvenes”, dijo Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador y autora de “Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en la Ruta del Migrante”.

En los siguientes días María acudió a las autoridades locales y unidades especiales antipandillas de El Salvador, pero lejos de sentirse protegida, se sintió burlada.

“En cuanto lleguen los pandilleros a extorsionarla nos habla y nosotros inmediatamente vamos y los arrestamos” le dijeron, o “díganos el nombre de la pandilla que la está extorsionando”.

María sabe que si denuncia a una pandilla su vida corre peligro, y ha escuchado de los elementos infiltrados entre las autoridades que están conectados con los pandilleros, es por eso que prefirió no decir nada.

“Entonces los está cubriendo… Aquí no le va a pasar nada, mis elementos son limpios”, le dijo uno de los encargados.

Ya sin opciones; fue entonces cuando María decidió abandonarlo todo, su casa en Usulután, su negocio, su familia, su madre.

Ramos explicó que en todo el país hay por lo menos 300 puntos ciegos por donde escapa la gente y es difícil saber cuántas personas abandona todo a causa de la violencia diaria en la que está sumergido el país.

Investigaciones revelan que las niñas menores de edad tan pronto entran a la edad de la pubertad son el blanco de la violencia pandilleril para ser utilizadas como objetos sexuales, pero si no corren con suerte, las adolescentes terminan torturadas o asesinadas, según el artículo “Yo violada”, del periodista Roberto Valencia.

Sabido eso por María, ella consiguió la mitad de ocho mil dólares para pagar al coyote e iniciar el viaje con su hija hacia Estados Unidos.

México

En su cruce por las casi dos mil millas de largo de México, María se sentía triste, pero también tranquila al saber que estaba salvando la integridad de su hija, quizá eso explique el por qué, cuando llegó a la frontera al sur de Estados Unidos casi abraza al oficial de la Patrulla Fronteriza.

“¡Me dio un gusto!. Por alguna razón me sentí segura y libre”, explica.

La inmigrante dijo que del 19 al 29 de marzo pasaron días de hambre, frío y riesgo, particularmente cuando cruzaron por Reynosa, Tamaulipas, donde temían que las autoridades mexicanas los fueran a detener y deportar; o los sicarios las desaparecieran o los utilizaran para transportar droga.

En México se ha vivido una guerra entre cárteles y el gobierno que ha dejado más de cien miles asesinados y desaparecidos, entre ellos se encuentran los migrantes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos. Ellos sufren todo tipo de vejación, asalto y muerte tanto por las autoridades como por los grupos criminales.

Con el objetivo de controlar la migración que viene del sur, el gobierno mexicano había iniciado en el 2014 una cacería contra los migrantes a través del programa Frontera Sur. Casualmente, en los días que María y su hija cruzaban el país, las autoridades mexicanas anunciaban orgullosamente la deportación de 92,889 centroamericanos.

Estas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Migración y el Departamento de Protección de Fronteras rebasaron por primera vez las criticadas deportaciones de Estados Unidos que en el mismo periodo era de 70,440.

“En ese sentido Peña Nieto es el Deportador en Jefe; le arrebató el título a Obama, ahí están las estadísticas. Las detenciones hablan por sí solas y exponencialmente el aumento sigue”, dijo Salvador Sanabria, director de El Rescate, una organización no lucrativa dedicada a ayudar a los migrantes en Los Ángeles.

Para Sanabria lo único que se está haciendo con las deportaciones en México es crear una cortina de humo que altera la percepción de la realidad ya que la crisis y el éxodo infantil siguen, solo que ahora con una frontera sur de México militarizada, llena de abusos y de menores que no tienen otra opción que arriesgarse para llegar a la frontera con Estados Unidos.

“Lo que se ha hecho es meter la crisis bajo la alfombra, pero la crisis sigue”, afirmó el activista.

A pesar que durante el cruce por México, María y su hija vivieron amenazas, durmieron poco, caminaron largas horas entre montañas y lugares inhóspitos, finalmente lo lograron.

En el momento que la madre migrante estaba cruzando el río y un oficial de la Patrulla Fronteriza la detuvo, sus lágrimas le ganaron y abrazó al agente.

Aunque no se sabe con exactitud el número de gente que abandona El Salvador, Guatemala y Honduras, la Patrulla Fronteriza si tiene el número de las migrantes que detiene: en el 2014 fueron 68,541 menores; en el 2015 a 39,970; y en lo que va del año ya llevan 44,524.

Estados Unidos

María y su hija entraron por Texas, donde estuvieron en un Centro de detención por tres días y aunque aquí ya no se teme por la vida, si hay otro tipo de abuso que los hacen sentir como criminales, indicó la inmigrante, quien describe las celdas sin nada de privacidad para hacer sus necesidades físicas y muy frías donde se llega a padecer hambre.

Después de las 72 horas, María y su hija fueron trasladadas a otra celda del mismo centro de detención y dos días más tarde ya estaba rumbo a California donde las esperaba su hermana.

Ya para ese entonces, su hermana había liquidado al coyote los otros cuatro mil dólares que le debía; mientras que la inmigrante tenía que presentarse con su hija en una corte en 16 días.

En ese tiempo estuvo buscando un lugar donde la asistieran legalmente y llegó al El Rescate, en el área de Pico Union, en L.A.

Una vez revisado el caso, la abogada Yanci Montes cometió una solicitud de asilo para la madre e hija, no obstante, solo existe un 10 a 20% de que sea aprobado debido a que los jueces quieren ver evidencias de tortura, marcas físicas que dejaron las violaciones o golpizas sufridas en su país.

Es esta situación la que complica el proceso para miles de jóvenes, que como la hija de María, no denuncian a las autoridades en sus países porque eso los puede llevar a la muerte. Además, muchos de ellos no tiene representación legal y en unos años serán mayores de edad.

Se estima que de los casi 153 mil menores que han llegado desde el 2014, más del 65% son jóvenes entre las edades de 15, 16, y 17 años de edad.

De acuerdo a Trac Immigration, un sitio de internet encargado en monitorear las deportaciones y los procesos migratorios, actualmente en California hay 24,692 casos de menores de edad de los cuales 1,335 ya recibieron orden de deportación de los 15 mil que tienen representación legal. Los otros 8,586 menores no cuentan con un abogado.

Actualmente hay una demanda por parte de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) donde se exige al gobierno federal les brinde representación legal gratis a los menores que vienen escapando de la violencia del triángulo del norte en Centroamérica.

Esta situación se ha complicado con el inicio de una serie de redadas que se anunciaron recientemente para deportar a los menores y madres que llegaron de Centroamérica desde el 2014.

“Muchos de los niños han sufrido un trauma severo y tienen reclamos serios y muy sólidos que requieren asilo y protección humanitaria”, expresó Joanne Lin, consejera legislativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Nuestro gobierno debe de asegurar que todos los niños en procesos de deportación tengan una representación legal”.

Para Sanabria la saturación de casos a rebasado la capacidad de ayuda que las organizaciones proveen es por eso que hay miles de casos que se pierden en corte por el simple hecho de no tener representación legal.

“Es necesaria una solución de carácter humanitario que por lo menos reconozca el estatus de refugiado a los menores o como alternativa un estatus de protección temporal para los menores que lograran cruzar la frontera dentro de Estados Unidos”, agrega.

Luego de tres citas a la corte, María y su hija ahora tienen que esperar hasta el 2018 para escuchar la decisión final del juez, aunque para ese entonces la hija de María ya será mayor de 18 años y se tenga que depender de otros recursos para evitar su deportación.