Pelea deja a un adolescente paralizado; el Condado de L.A. tendrá que pagar $3.9 millones como acuerdo
El Condado de Los Ángeles tendrá que pagar un total de 3.9 millones de dólares, como acuerdo extra judicial, por un menor de la correccional que resultó discapacitado tras una pelea.
Según la demanda original, los agentes de libertad condicional ignoraron las quejas de dolor del joven que finalmente terminó paralizado.
Agrega, además, que tampoco habían suficientes guardias cuidando el lugar donde se propició el pleito.
Los funcionarios de libertad condicional informaron que el menor identificado como J.M.M, y cuyo tutor presentó la demanda, comenzó una pelea dentro de una aula en Barry J. Nidorf Juvenile Hall el 23 de julio de 2013.
El adolescente que demandó al condado instigó una pelea con otro menor, porque creyó que éste sabía que él estaba ahí por un delito sexual.
El joven entonces se defendió golpeando al demandante en la cabeza dos veces.
J.M.M , de 15 años de edad, fue enviado inmediatamente después de la pelea a un médico de la unidad de evaluación quejándose de dolor de oído y de cabeza.
Sin embargo, éste fue enviado a su habitación, donde un supervisor más tarde lo encontró inconsciente.
A pesar de que el joven fue sometido a una cirugía horas después, sufrió “daño neurológico severo y parálisis”. Su tutor presentó la demanda en agosto del 2014, alegando negligencia por empleados.
Según la demanda, la pelea comenzó a la 1:53 pm. Para las 2:45, el joven fue diagnosticado con “traumatismo craneal”. A las 3:10 pm, estaba de vuelta en su habitación, en cuartos donde todos los menores son sujeto a un control de seguridad de 15 minutos.
“El demandante pidió repetidamente ayuda de su celda, repetidamente
se quejó de dolor en la cabeza y vomitó en su celda”, dice la querella.
El joven fue atendido hasta pasadas las 6 de la tarde, cuando un empleado de libertad condicional encontró que el joven no respondía.
En su plan de acción correctiva, el Departamento de la Correccional busca fondos para instalar cámaras en los locales de vivienda “para monitorear a los jóvenes”.
El acuerdo extrajudicial ofrece los $3.9 millones para tratamiento del joven.
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