Dan último empuje a medida que prohíbe a los jefes preguntar historial de salario a trabajadores

Algunos de los más significativos y controversiales proyectos de ley laboral esperan el voto final de la Asamblea y el Senado hasta el 15 de septiembre, fecha límite para pasar al escritorio del gobernador Jerry Brown.

Uno de esos proyectos es la medida AB-168, la cual le prohíbe a los empleadores preguntarle a los potenciales nuevos empleados la historia de su salario.

La legislación también requiere que un empleador, a petición razonable, proporcione la escala de sueldos para una posición a los solicitantes de empleo.

Si el proyecto es aprobado por el Senado a más tardar este viernes, el gobernador tendrá hasta el 15 de octubre para firmarlo o vetarlo.

“A las mujeres se les paga menos que a los hombres, incluso cuando están haciendo el mismo trabajo”, dijo Susan Talamantes Eggman (D-Stockton), miembro de la Asamblea de California y autora del proyecto junto la asambleísta Marie Waldron (R-Escondido).

“Las mujeres que negocian un salario no deberían tener que luchar contra toda una historia de disparidad salarial. Este proyecto de ley le da a las mujeres el poder de determinar por sí mismas dónde comienzan a negociar”, agrega.

La AB-168, se aplica tanto a hombres como a mujeres, pero tiene por objeto reducir las diferencias salariales entre ambos sexos.

Según el censo de Estados Unidos, las mujeres californianas ganan 84 centavos por cada dólar que un hombre recibe, un poco más que el promedio de los Estados Unidos de 79 centavos.

Sin embargo, Lidia Carvajal, activista comunitaria a favor de la medida, sostiene que la medida no solo beneficia a la mujer, sino también a las minorías e inclusive a jóvenes y ancianos que son los sectores más afectados a la hora de decir sus anteriores salarios.

“He estado empujando con mis conocidos el apoyo a la medida, porque es necesaria y justa para los más vulnerables”, asegura Carvajal. “Aquí no se trata mujeres solamente, sí de una perspectiva más grande que puede afectar a mucha gente”.

Para Debra L. Ness, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres y Familias, el cambio debe ocurrir ahora.

“En este momento en que los salarios de las mujeres son tan importantes para el bienestar económico, el país está contando en los legisladores para que trabajen juntos para avanzar las políticas laborales justas que promuevan la igualdad de remuneración”, dijo Ness.

En este momento, los estados de Massachusetts, Oregon y Delaware, han promulgado leyes para impedir que los empleadores hagan la pregunta. Otros 25 estados consideran proyecto similares este año.

Para Consuelo Tovar, una mujer de negocios, a parte de un cambio de leyes, la clave es “la independencia salarial”.

“En esta época la mujer no puede esperar a los políticos, debemos educarnos e invertir, ya que es obvio que un cambio va a tomar mucho tiempo”, sostiene Tovar en referencia a medidas similares que no han logrado llegar al escritorio de Brown.

Los partidarios del AB-168 incluyen a la Federación de Maestros de California, la Federación de Consumidores de California, la sección de California de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y la Unión Internacional de Empleados de Servicio, entre otros.

Sin embargo, los grupos que se oponen a la medida de privacidad salarial son los poderosos.

La Cámara de Comercio, con sede en Sacramento, ha organizado una amplia coalición que incluye a asociaciones comerciales de constructores, agricultores, tiendas de comestibles, hoteles, aseguradores, restaurantes y minoristas.

Asimismo, se les ha unido la Asociación Estatal de Condados de California, cámaras en Irvine y Riverside, entre otros.