¿Será penado discriminar en Los Ángeles? Lo que significa para las minorías

Como residente del Sur de Los Ángeles, Luisa Martínez, busca trabajo en la ciudad tras quedar sin empleo hace unos meses. Su miedo es convertirse en sujeto de discriminación por ser latina e indocumentada.

No obstante, Anthony Anderson, un adolescente de la misma área tiene el mismo temor, pero por ser afroamericano y tener un par de tatuajes.

Pero eso no es todo, ambos siempre han temido ser discriminados al pedir servicios o empleos, simplemente por su raza.

Una ordenanza civil y de derechos humanos, ahora podría ser su aliada.

La ordenanza que prohíbe la discriminación y otras formas de intolerancia en la ciudad de Los Ángeles, es discutida por el comité de Asuntos de Inmigrantes, Derechos Civiles y Equidad del concilio de la ciudad.

La ordenanza, propuesta por primera vez por el presidente del consejo Herb Wesson y el concejal Gil Cedillo, también crea una comisión para investigar las violaciones.

Dicha comisión tendría cinco miembros designados por el alcalde y serían confirmados por el resto del Ayuntamiento.

No obstante, Peter Schey, abogado de derechos civiles y asesor legal de la ciudad sobre cuestiones de inmigración, piensa que la comisión debe tener al menos 12 miembros, con un máximo de ocho nombrados por el Ayuntamiento.

“No me gustaría poner el destino de esta nueva comisión en las manos del alcalde actual solamente”, dice Schey.

La moción sostiene que la ley propuesta “debe proporcionar recursos fácilmente accesibles, para las víctimas de discriminación e incluir penas severas para desalentar la explotación y la discriminación contra los residentes de la ciudad”.

Cedillo, quien preside el Comité de Asuntos de Inmigrantes, dice que la medida local propuesta sirve para “proteger a las personas y su humanidad, independientemente de su estatus legal, orientación sexual, género de identidad y color de piel”.

La acción llega tras un incidente de supuesto prejuicio racial en Starbucks, ocurrido en marzo, donde un afroamericano afirmó que se le negó el acceso a un baño en uno de los negocios de la cadena en Los Ángeles, a pesar de que un hombre blanco recibió el código de entrada a pesar de no ser cliente.

Otro incidente que causó repudio en Los Ángeles fue el de Adolfo Rodríguez, un residente permanente de 91 años de edad, que fue golpeado con un tabique y trasladado a un hospital con la mandíbula y dos costillas quebradas.

Una mujer fue arrestada tras ser denunciada por testigos. Aparentemente la mujer afroamericana lo golpeó accidentalmente al tropezarse con su pequeña hija.

Al momento del ataque, la mujer le gritó a Rodriguez que regresara a su país. A pesar de que este incidente se califica más como un crimen de odio racial, este tipo de ataques también sería investigado.

En otro incidente en julio, Alaska Airlines se disculpó tras las acusaciones de que obligó a una pareja gay a cambiarse de asiento a favor de una pareja heterosexual.

La aerolínea dijo en un comunicado que el “desafortunado incidente” fue el resultado de un “error de asiento”.

“El cambio podría significar demasiado para las minorías en los ámbitos de servicios y el empleo”, dice Lucille Raven, miembro de Revolution Club y Stop Mass Encarceration Network.

“A diario hay en servicios médicos, servicios sociales, servicios mentales, de transportación y hospitalario… Por un motivo u otro somos vistos como basura, ciudadanos de tercera clase o animales por alguien sin educación y sin escrúpulos que no tiene empatía con la humanidad”, sostiene Raven.

“No solo los afroamericanos son discriminados, también los latinos y otras etnias. No solo se trata de derechos de gays, transgénero o lesbianas, sino derechos del ser… somos quienes somos, creemos lo que creemos y todos tenemos derechos a ser escuchados, respetados y atendidos”, agrega Raven.

Los detalles de la ordenanza cómo qué tipo de penas podría recibir los criminales aún no se dan a conocer. El comité debe de aprobar el proyecto antes de la aprobación del concilio.