Aumenta el número de sitio ‘santuarios’ para indocumentados. Grupos Anti-inmigrantes prometen desmantelarlos

A pesar de estar explícitamente prohibidos por la ley federal, el número de jurisdicciones “santuarios” en todo el país han proliferado en los últimos años y ahora se sitúan en 564.

Sin embargo, los activistas anti-inmigrantes están haciendo lo posible para desmantelar estos refugios tanto estatales como locales, que restringen la mayoría de las formas de cooperación con las autoridades federales de inmigración.

De acuerdo a los activistas, los “santuarios” invitan a faltar la ley y promueven la inmigración indocumentada.

En sus diversas formas, estos refugios prohíben a los funcionarios estatales y locales (incluidos los agentes del orden público) que pregunten a las personas sobre su estado migratorio, y que reporten presuntos inmigrantes indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incremento de ‘santuarios’

Aunque las políticas de “santuario” han existido desde finales de la década de 1970, fueron relativamente raras hasta hace muy poco.

De las 564 jurisdicciones citadas, en el informe de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), una organización nacional que recluta a miembros para empujar políticas anti-inmigrantes, solo once se habían adoptado en toda la nación antes del 2000 (incluidas la ciudad de Nueva York y San Francisco, así como el primer estado santuario del país, Oregón, en 1987).

Para el 2009, solo 40 habían sido adoptados cuando asumió el presidente Barack Obama. No obstante, durante ese mandato el número de jurisdicciones “santuario” aumentó en un 650%.

Para noviembre de 2016, FAIR informó la existencia de 300 jurisdicciones.

Este crecimiento ha continuado bajo la presidencia de Donald Trump. Desde que fue elegido en noviembre de 2016, el número de jurisdicciones “santuario” casi se ha duplicado.

Antes de asumir el poder, 38 jurisdicciones anunciaron que se negarían a cooperar con las políticas de cumplimiento de inmigración del presidente Trump.

Luego de llegar a la Casa Blanca, otras 236 jurisdicciones anunciaron que desobedecerían la ley de inmigración federal y se negarían a cooperar con ICE y con la oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP).

El número total de jurisdicciones santuarios ahora se sitúan en 564.

Estas no solo han aumentado en números. Cada vez más estados se declaran “santuarios”, imponiendo estas políticas a los gobiernos municipales y de condados.

Buscan deshacerlas

De acuerdo a los activistas y funcionarios electos anti-inmigrantes, las políticas “santuario” que antes eran pasivas, se han transformado en esfuerzos activos para obstaculizar la aplicación federal, incluso contra la mayoría de los extranjeros criminales.

Activistas de FAIR, por su parte, buscan que la comunidad hable en contra de las jurisdicciones con sus funcionarios políticos a nivel estatal y local.

“Estas políticas ponen en peligro la seguridad pública y cuentan con muy poco apoyo público. Más bien, son el producto de la intensa presión de grupos bien financiados que se oponen a casi todas las formas de aplicación de la ley de inmigración”, sostiene Dan Stein, presidente de FAIR.

“O debido a la capitulación de los funcionarios locales frente a las demandas amenazadas por organizaciones de autodeterminación de ‘libertades civiles’”, cuestiona Stein.

Por su parte, Roy Beck, fundador de Numbers USA, y quien empuja el final de la migración en cadena, señala que las políticas de inmigración deben servir al interés nacional, lo que los “santuarios” no hacen.

Estos “pueden evitar que las agencias estatales de asistencia pública y las instituciones de educación superior investiguen sobre el estado de inmigración de un solicitante, para determinar su elegibilidad para beneficios públicos”, algo que deja a los estudiantes ciudadanos con menos recursos, asegura.

“Todos los gobiernos del mundo tienen la obligación de decidir qué número de inmigración es el adecuado para la comunidad bajo su cuidado. Mi mayor preocupación es cómo el número que se elija afectará a los nietos de nuestros nietos”, sostiene.

Ohio Jobs & Justice PAC, otra organización en contra de los “santuarios” alega que tales políticas “ignoran el hecho de que si los inmigrantes ilegales fueran expulsados de Estados Unidos, no estarían allí para convertirse en víctimas, y los depredadores también estarían fuera del país”.

La organización enfatiza que “las políticas de ‘santuario’ oficiales o no, resultan en refugios seguros para extranjeros ilegales involucrados en una variedad de empresas delictivas, ya que es menos probable que sus planes ilegales sean descubiertos y corren menos riesgo de deportación si son capturados por las autoridades”.

Agrega, que este tipo de políticas “también proporcionan un entorno útil para los cárteles de la droga, las pandillas y las células terroristas de América Latina, ya que es menos probable que sus actividades sean detectadas y denunciadas por las autoridades”.