Robaron dinero dirigido a las personas sin empleo en LA; ¿cuáles fueron los castigos?

Seis años en prisión y 10.5 millones de dólares en restitución, esa es la condena que recibe la exdirectora de una organización sin fines de lucro en Los Ángeles, por malversación de fondos.

Sophia Esparza, encargada principal de Chicana Service Action Center, fue detenida en un tribunal del centro de L.A. poco después de ser sentenciada por el juez de la Corte Superior, Michael E. Pastor.

La mujer, de 65 años de edad, se declaró culpable el 15 de agosto anterior de cinco cargos de malversación de fondos públicos, cuatro cargos de malversación de fondos, dos cargos de preparar evidencia documental falsa y un cargo por presentar impuestos falso.

De acuerdo a la fiscalía, Esparza operaba la organización sin fines de lucro con una junta de directores y utilizó el dinero de la comunidad dirigido a proporcionar consejería, colocación de empleo y otros servicios para comprar apartamentos de lujo, autos y viajar en cruceros.

Otro demandado, Thomas Baiz, el exvicepresidente de asuntos corporativos y gubernamentales para la organización sin fines de lucro, también recibió el peso de la ley.

El individuo, de 62 años de edad, tiene la orden de realizar 500 horas de servicio comunitario, cinco años en libertad condicional y pagar casi 6 millones en restitución.

Este es el resultado de su declaración de culpabilidad a tres cargos de malversación, dos cargos de apropiación indebida de fondos públicos y un cargo de conspiración por malversar fondos públicos.

Baiz recibió crédito por 346 días, los que ya había servido en la cárcel del condado, y el juez suspendió una pena de prisión de tres años, por lo que Baiz no tiene que servir si cumple con los términos de la libertad condicional.

Asimismo, Michael Lorenzo Tompkins, un exempleado de 59 años de edad, fue condenado a tres años en prisión y se le ordenó pagar $1.45 millones en restitución a la ciudad de L.A. por un cargo de malversación.

La ex directora financiera de la organización, Silvia Gutiérrez, de 71 años de edad, está previsto que sea sentenciada el 15 de diciembre.

Gutiérrez enfrenta seis cargos de malversación, cuatro cargos de apropiación indebida de fondos públicos y dos cargos por preparar evidencia documental falsa.

Se espera que se le ordene a pasar un año en arresto domiciliario, cinco años de libertad condicional, junto con una orden para pagar la restitución.

Este caso se originó de una investigación de la Procuraduría del condado de L.A. con asistencia de la Oficina de Investigaciones del Condado, una división del Departamento del Auditor.

De igual forma, intervino la Oficina del Inspector General para el Departamento de Estados Unidos y la Junta de Impuestos de Franquicias del estado.