Planean acelerar casos en cortes de inmigración midiendo desempeño de jueces

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un sistema que medirá el desempeño de los jueces de inmigración, como aliciente para acelerar los procesos de más de 500,000 casos estancados.

Parte de las evaluaciones se harán a través de la velocidad en la que cierren cada proceso, equidad y lo informados que estén en cada caso, sostienen en un memorando emitido por Jeff Sessions, fiscal general.

En la actualidad, se reportan por lo menos 630,000 casos de inmigración no resueltos en los archivos. Los estados de California y Texas cuentan con unos 100,000 casos en espera de resolución cada uno, y solo en la región de Los Ángeles con 51,972.

Por ahora, el sindicato de jueces de inmigración todavía está negociando detalles sobre las medidas de desempeño con el departamento, asegura Dana Leigh Marks, vocera de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

Y es que en varias ocasiones el sindicato se ha quejado de que hay muy pocos jueces y que cuentan con muy poco personal como secretarios para ayudarles.

La preocupación del sindicato ahora es que en contratos anteriores el departamento acordó no usar cuotas numéricas para medir el desempeño, y en su lugar utilizó métricas cualitativas.

“Este último memorando es muy angustiante para muchos jueces. Parece tratar de culpar a los jueces como si no estuviéramos siendo eficientes”, sostiene Marks.

Aproximadamente hay 329 jueces de inmigración en 58 cortes a nivel nacional, con unos 50 de ellos contratados desde la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Con esta regla en pie, los abogados de inmigración opinan que los inmigrantes enfrentan desventaja, ya que muchos no hablan ingles, no tienen el dinero para contratar a un letrado y muchos terminan por defenderse por sí solos.

“Las vidas de las personas están en riesgo en los casos de tribunales de inmigración”, señala Gregory Chen, director de gobierno relaciones para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

“Y forzar a los jueces a completar los casos en un marco de tiempo rápido socavará la capacidad de esos jueces para tomar decisiones cuidadosas y bien pensadas”, cuestionó.

La imposición de ‘métricas de desempeño’ o cuotas numéricas para los jueces de inmigración, junto con políticas que socavan el acceso a los abogados, amenazan la toma de decisiones justas en los tribunales de inmigración, asegura Eleanor Acer, miembro de Human Rights First.

“Para los miles de personas que buscan protección contra la persecución, esta imparcialidad es una cuestión de vida o muerte”, plantea Acer.

Asimsimo, destaca que para otros inmigrantes “el futuro de sus familias está en juego. El Departamento de Justicia debe enfocarse en los pasos que garanticen audiencias oportunas y justas y abandonar aquellos que socavan la justicia”.

Sessions sostiene que el nuevo sistema es otra herramienta necesaria en el control de inmigración.

“Juntos [las cortes y el departamento] hemos hecho un progreso significativo desde el comienzo de la administración Trump, pero queremos aprovechar este éxito para consagrar lo que la ley contempla y lo que la gente desea: el fin de la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración”, dijo Sessions en un memo.

Sessions aclaró que se planean contratar por lo menos otros 60 jueces en los próximos meses.