Piden que los niños indocumentados tengan derecho a un abogado en las cortes

Manuel solo tiene siete años de edad, pero debe de presentarse ante una corte de inmigración para apelar su estadía en Estados Unidos luego de haber sido interceptado por agentes de inmigración en Arizona.

Manuel fue abandonado hace 14 meses en el desierto por un coyote que le prometió a la señora Elsa, madre del menor, un “cruce seguro” para su hijo por la suma de 5 mil dólares.

El menor y su madre, quienes pidieron no revelar su identidad, lograron reencontrarse y ahora radican en Los Ángeles. No obstante, el futuro del niño es incierto, ya que su madre no tiene dinero para pagar a un abogado que lo represente.

Las cartas de apoyo

Así como Manuel, otros 170 mil menores en Estados Unidos que cruzaron la frontera entre el 2012 y 2015, se encuentran sin representación; un hecho que es inhumano, afirman políticos y activistas que se han dado a la tarea de enviar cartas de apoyo ante la Corte Federal de Apelaciones para que los niños tengan derecho a una guía profesional.

La cifra de menores detenidos incrementó drásticamente en el 2014, por lo que el gobierno prometió que estos serían devueltos a sus países en forma expedita.

A raíz de esta decisión, la procuradora general Kamala D. Harris y el procurador de Washington, Robert Ferguson, entregaron esta semana una carta en apoyo a los menores en la que solicitan que tengan el derecho a un abogado pagado por el gobierno.

“Para estos niños, la representación legal adecuada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Debemos vivir de acuerdo con los principios de la justicia de nuestra nación, la igualdad y la equidad, y garantizar el derecho al debido proceso para los niños que buscan seguridad dentro de nuestras fronteras”, dijo Harris.

De acuerdo con la American Bar Association (ABA), que emitió un informe en julio del 2015 sobre este tema, estos menores enfrentan un proceso de deportación ante la fiscalía experimentada del gobierno y alrededor del 32 por ciento es representado por un abogado.

La ABA también hace hincapié en que es muy poco probable que un niño no representado pueda ganar un caso ante el tribunal, enfatizando que los niños representados por un abogado tienen una tasa de éxito del 73 por ciento en la corte de inmigración, en comparación con sólo el 15 por ciento de los niños sin representación.

Este febrero, Thomas Homan, director de deportaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), declaró ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado que unos 7,643 niños no acompañados han sido devueltos a sus lugares de origen entre los años fiscales 2012 y 2015.

Para el 9 de marzo, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) Jeh Johnson, manifestó que su institución proseguiría con las deportaciones.

Se unen a la causa

Human Rights Watch, (HRW) una organización internacional que aboga por los derechos de los más vulnerables, también extendió una carta en apoyo a los menores.

Al no designar abogados para representar a los menores migrantes que enfrentan la posibilidad de deportación, el gobierno de Estados Unidos está vulnerando el derecho fundamental de protección avalado por el derecho internacional, señala HRW en su carta.

En los procesos inmigratorios, a diferencia de los penales, no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan afrontar ese costo, dijo Clara Long, investigadora sobre temas de inmigración en Estados Unidos de HRW.

“Estas audiencias son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales para los menores”, sostuvo la experta.

“Es cierto que algunos familiares tienen el acceso a un abogado. No obstante, esto no ocurre con muchos niños que se encuentran solos en el país con nadie que los guíe o los proteja”, agregó Long.

De acuerdo a la organización, el Congreso de EE. UU. debería aprobar un proyecto de ley que se encuentra pendiente en el Senado y que exigiría al gobierno designar abogados para los menores no acompañados así como para las víctimas de abuso, tortura y otro tipo de violencia.

Más de 28 mil menores no acompañados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras ingresaron a EE. UU. a través de México durante el último año fiscal, según HRW.

Un estudio llevado a cabo en 2014 por un organismo de refugiados de las Naciones Unidas comprobó que numerosos menores que migran desde estos países centroamericanos afirmaban estar huyendo de contextos de violencia y persecución, y se expondrían a daños si fueran obligados a regresar a su lugar de origen.

Para las organizaciones pro-inmigrantes que han estado luchando por la representación legal de los menores, el problema debe discutirse hasta llegar a la solución.

“Muchos padres logran reunirse con sus hijos y están felices de tenerlos, lo malo llega a la hora de enfrentarse a la ley. Los menores no pueden estar arriesgando sus vidas para que en horas alguien más les quite esa felicidad de reunirse con sus familiares en este país”, dijo Cecilia Rodríguez, de la Alianza Hondureña de Los Ángeles.

Para Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional, el problema no debe de ser político sino humano.

“El no darle el derecho a un niño a defenderse, no es humano. Si han tomado la decisión de viajar lejos, solos y arriesgando sus vidas en el camino es porque hay un problema gigante donde viven”, dijo Saucedo.